Valencia aplica desde 2011 el criterio que excluye de la reproducción asistida a lesbianas y solteras

Para acceder a los tratamientos de reproducción asistida del sistema sanitario público habrá que ser una «mujer estéril» y no tener más de 40 años, según acordó ayer el Consejo Interterritorial de Salud reunido en Madrid con la presencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los consejeros autonómicos del ramo. Falta por ver el documento final que despejará por completo las ambigüedades y dudas, pero las asociaciones de homosexuales y comunidades no gobernadas por el PP como Andalucía, el País Vasco, Asturias y Canarias entienden que los nuevos criterios excluyen de la financiación pública a parejas lesbianas y mujeres solteras que son fértiles pero que necesitan de estos tratamientos para poder ser madres. Ana Mato despejó dudas: «Todas las mujeres con problemas de esterilidad tendrán acceso a la reproducción asistida pública», pero «la falta de varón no es un problema médico», y «la financiación pública debe ser para la curación».

También el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, respaldó esa postura al subrayar que «la barrera» para incluir en el sistema público de salud los gastos del tratamiento de infertilidad se halla en «la patología», y que serán los médicos los que diagnostiquen si éste problema físico existe o no.

Con esos parámetros, las lesbianas y solteras fértiles no podrán acceder a técnicas de fertilidad gratuitas y habrán de recurrir a la sanidad privada. En la Comunitat Valenciana, según pudo saber Levante-EMV, ya ocurre eso mismo. Una portavoz de la Conselleria de Sanidad confirmó a este periódico que, «debido al incremento de solicitudes, en 2011 se emitió una orden de la conselleria en la que se daba prioridad a casos con transmisión genética de enfermedad, la preservación de semen y óvulos de personas con cáncer o enfermedades que dejaran estériles, y los casos de infertilidad.

Por ello, desde hace unos tres años, los casos de personas sanas, independientemente de su condición sexual o de pareja, no llegan a cubrirse». Es decir: la sanidad valenciana pública ha dado orden de no pagar tratamientos de fertilidad a lesbianas y mujeres solteras que sean fértiles. Puede haber excepciones permitidas por algunos hospitales valencianos, pero la atención pública ya se bloqueó a estos grupos de población en 2011 por orden expresa de la Comisión Valenciana de Reproducción Humana Asistida.

Esa medida ha repercutido en un aumento de atenciones en la sanidad privada. En el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), los tratamientos realizados en las clínicas valencianas a mujeres sin pareja se ha duplicado en dos años. En 2010 se realizaron 282 tratamientos a mujeres sin pareja; en 2011 fueron 479; y en 2012, 620, según datos del IVI.

La privada, contra la reforma

La dirección médica del centro asegura que, por su experiencia, se encuentran con «muchas mujeres que se decepcionan al recibir la negativa de la sanidad pública a realizarles tratamientos de reproducción asistida». Además, la clínica privada muestra su oposición a la última reforma de Sanidad. «En IVI respetamos siempre la ley, pero creemos que la sanidad pública debería de dar servicio a todas las mujeres. Afortunadamente, si no lo hace, la sanidad privada sí que lo da», aseguran las mismas fuentes.

Por su parte, la Asociación de Familias Homoparentales de la Comunitat Valenciana, Galesh, denuncian la «discriminación» que ahora cobra «carta de naturaleza» y subraya que «en parejas heterosexuales ya se aplica tratamiento a gestantes sanas, dado que la ausencia de embarazo puede darse por circunstancias ajenas a su fisiología, como la elección de su pareja varón».