La principal prueba de convicción del accidente del metro del 3 de julio, la unidad de tren articulado (UTA) 3736 donde viajaban las 43 víctimas fallecidas, se destruyó en julio de 2008 justo cuando se cumplieron dos años del siniestro más grave de un suburbano en la historia de España. Se hizo con permiso de la jueza responsable del accidente, pero con dos recursos de las familias de las víctimas pendientes de resolver.

La abogada de la Generalitat solicitó el 12 de junio de 2008 el permiso para desguazar la UTA 3736, que estuvo dos años «precintada y custodiada» junto a la playa de vías las instalaciones de FGV en Valencia Sud desde el día siguiente del accidente, envuelta en una lona azul, pero accesible a cualquier persona, según denunciaron entonces los sindicatos. La Audiencia Provincial de Valencia había dado carpetazo definitivo a las pesquisas sobre el accidente del 3 de julio de 2006, tras rechazar los últimos recursos de reforma presentados por las familias de las víctimas.

El 1 de julio de 2008 el juzgado de instrucción número 21 de Valencia dictó una providencia en la que se acordaba «autorizar el desprecinto de los vagones del tren siniestrado el pasado 3-7-2006, objeto de las presentes diligencias, por Ferrocarrils de la Generalitat dándole el destino que considere oportuno». La providencia llegó a FGV el 4 de julio, apenas un día después del segundo aniversario del accidente. No obstante, la decisión de autorizar el desmantelamiento del tren era recurrible (se podía interponer un recurso de reforma) en un plazo de tres días.

De hecho, así lo hizo un letrado en representación de una de las familias de las víctimas, el 8 de julio de 2008 (un día después de ser notificado) quien solicitó que no se despiezara la UTA 3736, ya que entonces aún quedaba pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero el letrado no tuvo noticias del juzgado de instrucción hasta el 21 de julio, cuando le requirió que presentara «más copias» para entregar a las partes personadas, según confirmaron a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Las copias se entregaron el 22 de julio, pero Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ya había comenzada a desguazar el tren del accidente. El mismo letrado solicitó en el juzgado la inmediata paralización de la UTA 3736, pero no se llegó a tiempo. «FGV no se caracteriza por su celeridad en nada, pero en este caso se dieron mucha prisa. Estaban muy ansiosos y a la espera de desguazar la unidad inmediatamente», explica un trabajador de FGV.

Mientras FGV finiquitaba la eliminación del tren, el juzgado de instrucción número 21 trasladaba a la fiscal, «para que se pronuncie», sobre el recurso presentado por el letrado de las familias en el que se pedía «ordenar a FGV, de forma urgente, que proceda a detener cualesquiera actuaciones tendentes a destruir o manipular los vagones del tren siniestrado».

FGV se escudó en que no les había llegado ningún escrito oficial del juzgado ni les constaba que se hubiera presentado un recurso para hacer desaparecer la UTA 3736.

Así que ya no existe la principal pieza de convicción de la que se podría disponer en la posible reapertura de la investigación del accidente del metro, tal como la Fiscalía de Valencia ha pedido al juzgado de instrucción número 21. Desde FGV explicaron ayer que la unidad «se desmontó en FGV y posteriormente se trasladó al chatarrero y está destruida» aunque, pese al ofrecimiento de «transparencia», declinaron informar a qué chatarrero se trasladaron los restos del tren.