La negociaciones para cerrar el borrador del Plan Hidrológico del Júcar se encuentran al borde de la ruptura pese a la amenaza del Gobierno de aprobar el documento "a toda costa" incluso sin el consenso o la aceptación de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de la Comunitat Valenciana.
Según fuentes próximas a la negociación, el Gobierno ha introducido en el texto condiciones "inaceptables" para los usuarios del Júcar en Valencia y que solo contentan a Castilla-La Mancha y al Vinalopó mediante modificaciones que no figuraban en el texto remitido por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El Gobierno pretende incrementar las dotaciones de aguas superficiales reguladas en el embalse de Alarcón para destinarlas al regadío manchego, que recibiría 400 hectómetros cúbicos anuales-320 de aguas subterráneas y 80 más tomados directamente del Júcar-. Además, contempla que dentro de las dotaciones oficiales asignadas a los regadíos de las Riberas Alta y Baixa, se incluyan con carácter fijo y como parte de sus concesiones entre 70 y 80 hectómetros cúbicos de aguas obtenidas de los pozos de sequía abiertos desde 1994 y de los rebombeos instalados en el arrozal de Sueca.
Los pozos fueron perforados como una garantía extraordinaria para el caso de que el Júcar no aporte suficiente agua. Su funcionamiento ha sido muy esporádico y solo cuando su uso era estrictamente necesario, al igual que los rebombeos que permiten inundar varias veces el arrozal con los mismos caudales.
Otro aspecto que irrita a los usuarios valencianos del Júcar es sustituir la palabra "sobrantes", que define el tipo de caudales que pueden ser utilizados en el trasvase Júcar-Vinalopó, por el de "excedentes". En la práctica, "sobrantes" solo hay en el Azud de la Marquesa, "excedentes" podría haber en Cortes de Pallás si en los embalses de Alarcón y Contreras hay suficiente agua almacenada. La semántica aquí es importante porque la existencia de "excedentes" justificaría la construcción de una toma en Cortes de Pallás, como reivindica el Vinalopó.
Según las fuentes, se está pidiendo a los regantes valencianos que cedan una parte del agua barata y de buena calidad que se regula en el embalse de Alarcón, que construyeron, y que se quedaría en la Mancha o se enviaría al Vinalopó, a cambio del agua de pozos y rebombeos que requieren elevados consumos de energía. El otro gran perjudicado sería el caudal ambiental para la Albufera y los tramos medio y final del Júcar.
Para paliar el malestar que estas propuestas generan en las poblaciones valencianas de la Ribera del Júcar, el Gobierno podría dar un concesión directa para agua potable en estos municipios que sufren problemas de calidad.
La Generalitat ausente
Desde hace tres semanas el ministerio retiene el PHJ remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. La pasada semana, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, llamó a Madrid " a consultas" a la presidenta de la CHJ, Mª Ángels Ureña y al redactor del PHJ Teodoro Estrela. En las negociaciones ha participado el director general de la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha mientras la Generalitat Valenciana parece estar representada por Francisco Cabezas, técnico de reconocido prestigio que elaboró el antiguo Plan Hidrológico Nacional, ha trabajado para los usuarios del Vinalopó y que ejerce de consultor por encargo del Gobierno valenciano.
El pasado miércoles fueron citados a Madrid los usuarios del Júcar y oyeron "lo que deseaban oír" hasta el punto de regresar a Valencia muy satisfechos con el Plan, según las fuentes. Sin embargo, el análisis posterior de la letra pequeña ha deparado el descubrimiento de aspectos muy "perjudiciales" para los intereses valencianos, según entienden, provocando una gran irritación que ya ha sido trasladada a la Generalitat valenciana.
El Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente presiona para que el PHJ se firme antes de agosto, pero no parece que exista, de momento, el mínimo consenso necesario.
La Generalitat suprime Agua y Progreso
"por no poder cumplir su fin fundacional"
La Generalitat Valenciana ha acordado la extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso, argumentando que no puede cumplir sus objetivos y sin presentar previamente la preceptiva liquidación de sus cuentas.
En su resolución, el Consell habla de "reestructuración del sector público" aunque la razón oficial para la extinción es, textualmente, la "imposibilidad del cumplimiento del fin fundacional".
De acuerdo con el artículo 6 de los estatutos de "Agua y Progreso", la Fundación tenía como objetivo "potenciar y favorecer el desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos relativos al agua, así como el impulso cívico e institucional en defensa de una política hídrica adecuada a las necesidades de la Comunidad Valenciana, y en particular, de las trasferencias hídricas previstas en el Plan Hidrológico Nacional", en clara y única alusión al trasvase del Ebro. En consecuencia, "Agua y Progreso se disuelve por la Generalitat "por no poder cumplir" su objetivo de defensa del trasvase del Ebro. Cabe preguntarse entonces si la disolución obedece a que tampoco en la coyuntura actual, con el PP gobernando en España, se va a construir el trasvase del Ebro. O también que la Generalitat Valenciana renuncia ahora a demandar del trasvase que orientó su política hídrica durante ocho años y que tantos beneficios electorales le reportó.
La resolución del Consell recuerda que la dotación fundamental de "Agua y Progreso" fue de 60.000 euros pero de un modo un tanto inusual se acuerda la extinción de la fundación sin que se haya hecho la preceptiva liquidación "de bienes y derechos"- o deudas-, de los que la Generalitat es única destinataria. "Agua y Progreso" ha dispuesto desde se creó en 2004 de más de 7 millones de euros para financiar actos a favor del trasvase y contra el Gobierno de España. Sus cuentas, de momento, no son públicas.
