El Gobierno descarta anular el indulto al kamikaze condenado a trece años

El Gobierno no anulará el indulto concedido al conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por un accidente registrado en 2003 en la AP-7, en Polinyà del Xúquer, que se saldó con la vida de un joven de Alzira, ya que acordó esta medida "basándose en la información penitenciaria, personal y familiar del condenado". Así consta en la contestación parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre la revisión del indulto otorgado por el Gobierno al kamikaze, "con estrechas relaciones familiares con cargos públicos del partido del Gobierno".

La respuesta, firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, recuerda asimismo que el indulto "es de naturaleza irrevocable de acuerdo con la legalidad vigente" y que el Ejecutivo tramita "unas 7.000 peticiones de indulto anualmente".

También asegura que el Gobierno "desconocía por completo cualquier tipo de relación familiar de las que se mencionan en la pregunta, no constando tales asuntos en un expediente de indulto, que se limita a contener información objetiva sobre la sentencia, hechos e informes relacionados con la propia petición de gracia". Además, en el expediente de indulto "no figura el despacho de abogados que ejerce la defensa del indulto", agrega. Cabe recordar que en el despacho de abogados que defiende al kamikaze trabaja un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "El Gobierno desconocía, por lo tanto, los hechos a los que se refiere la pregunta y se remite al comunicado público del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha sobre su presunta relación", concluye la respuesta parlamentaria.

La familia del joven alcireño interpuso en un primer momento un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se concedía el indulto, que el Gobierno no atendió, y abrió una segunda impugnación en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que sigue pendiente de resolverse. No obstante, el presidente de la sala ya decidió meses atrás que la resolución del caso se deberá resolver en el pleno formado por los 39 magistrados.