El PSPV aporta al caso Bárcenas contratos a Sedesa por 13,7 millones

La causa Bárcenas que instruye el juez Pablo Ruz se valencianiza conforme el imputado y encarcelado extesorero del PP ha ido revelando los donativos al partido, presuntamente en metálico y de serie B, entregados por empresarios contratistas de obra pública. Los socialistas valencianos incorporarán al sumario de la Audiencia Nacional todos los contratos otorgados por el Consell al grupo Sedesa, por más de 830 millones, con especial énfasis en cuatro expedientes bajo sospecha que suman un total de 13,7 millones. Las adjudicaciones fueron escondidas a la oposición hasta que finalmente se pusieron a disposición del diputado Francesc Signes, quien las revisó por varias conselleries durante un mes e hizo copia de los documentos. Entre los expedientes con supuestas «irregularidades» figura el de concesión en el año 2008 de las obras del puente sobre el río Bergantes, en la CV-14 en Zorita.

Pese a ser la segunda oferta mejor puntuada (en el cómputo de la valoración de las propuestas técnica y económica), Sedesa se llevó la obra por 2.42 millones en detrimento de la constructora Pavasal, que obtuvo la mejor baremación. Otro de los expedientes que el PSPV pretende que sea investigado por el juez Pablo Ruz es el de la concesión de 105 viviendas sociales en Pilar de la Horadada por un total de 6.04 millones. Sedesa ganó ese concurso aunque tampoco presentó la mejor oferta. Ni siquiera la segunda. Fue la tercera en la valoración de la Mesa de Contratación. En uno de los casos, el grupo presidido por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del actual presidente de las Corts, fue supuestamente favorecido por la Generalitat no por lo que hizo, sino por lo que cobró por retirarse. La Conselleria de Sanidad indemnizó con 336.380 euros a Sedesa Concesiones por la ruptura de mutuo acuerdo del contrato de construcción y explotación del aparcamiento de 600 plazas para el Hospital Doctor Peset, de Valencia.

Un informe de la Abogacía de la Generalitat se pronunciaba en contra de la ruptura y dictaminaba que a la empresa se le tenía que resarcir, en todo caso, con 6.000 euros, por los honorarios de redacción del proyecto básico que no se iba a ejecutar. La empresa que iba a ser la concesionaria por 38 años y con una inversión total de 9,97 millones presentó el 13 de octubre de 2008 un escrito a Sanidad en la que solicitaba la resolución pactada del contrato y cifraba en los citados 336.380 euros la indemnización en concepto de «resarcimiento de los costes consumidos».

Es exactamente la cantidad que reconoció el conseller de Sanidad en la resolución oficial del acuerdo, dictada el 27 de abril de 2009. En contra del criterio de los letrados de la Generalitat, se llegaron a considerar, a la hora de fijar la compensación, conceptos como los «gastos de redacción del proyecto de ejecución (205.868 euros), los horarios de licencia, gastos de publicación, gastos por constitución de garantías, por direcciones de proyecto y estudio de obras» y hasta «gastos generales».La empresa y la Conselleria de Sanidad adoptaron, además, la decisión de romper bilateralmente el contrato firmado sin haber tramitado el oportuno expediente. Otra irregularidad, según denuncian los socialistas.