El TSJ pregunta al fiscal si investiga a Castellano y abre otra causa a Blasco

La denuncia que la Asociación Contra la Corrupción presentó contra el secretario general del PP y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha superado otro trámite. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana preguntó ayer a la fiscalía si es competente para investigar las adjudicaciones de Castellano a la mercantil del empresario José Miguel Pérez Taroncher. Además, la sala de lo Civil y Penal también hizo pública una querella contra el exconseller de Solidaridad e imputado en el caso Cooperación, Rafael Blasco, y solicitó a su vez al ministerio público que se pronuncie sobre si debe iniciar pesquisas por esta causa.

En el escrito sobre la querella contra Castellano, que podría abrir un cisma en el Consell y el PP en caso de acabar imputado, el tribunal recuerda en esa denuncia figuran, además de Castellano, la mujer de éste; el empresario Taroncher; y la esposa de este último; por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función.

Hace aproximadamente 15 días, el TSJCV ya pidió a las Corts que acreditase el aforamiento de Castellano. Ahora le da cinco días al fiscal para pronunciarse.

La querella contra Blasco se extiende a otro empresario y ex concejal del PP de Massalavés, y contra parte del equipo de Gobierno cuando se produjeron los hechos, incluido el ex alcalde de la localidad de la Ribera Antonio Villalba.

Blasco, según consta en la querella, firmó una de las licencias necesarias para la apertura de un salón de banquetes gracias a una declaración de Interés Comunitario.

El empresario acusa a seis personas de un posible delito sobre la ordenación del territorio, de prevaricación, de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.