Las resonancias magnéticas, un servicio privatizado en los hospitales de la C. Valenciana desde 2000, representan un jugoso negocio para las adjudicatarias. Así se desprende del informe de la Sindicatura de Comptes, bajo el revelador título de «Resonancias magnéticas: Una oportunidad de ahorro», que desvela que el Consell ahorraría al año 16,8 millones si asumiera completamente con medios y equipos propios la realización de estas pruebas, en lugar de tenerlas privatizadas en favor de la UTE Erescanner, conformada por las firmas Eresa y Ribera Salud (Valencia y Castelló) e Inscanner y Beanaca (Alicante), adjudicatarias por 497,1 millones del contrato de 2008 para diez años. Mientras al Consell le saldrían las pruebas a un coste medio de 108,36 euros, a la UTE se las están pagando a 257,19 euros de media, un sobrecoste del 137 %. Con una inversión de 29 millones, podría asumirse la gestión pública. Pero además, el Síndic pone en evidencia que esa licitación fue una auténtica merienda de negros: El precio de las resonancias simples es el quinto más caro de 33 tipos de expedientes de todas las autonomías, mientras que ninguna comunidad ató una vigencia tan larga, de 120 meses, un «impedimento» para que la Administración aproveche las «ventajas» derivadas de la evolución tecnológica.
El informe del Síndic es una «auditoría operativa», que evalúa si la gestión es eficiente, eficaz y basada en criterios de economía. El suspenso del Consell es clamoroso. Es el segundo informe de este tipo sobre conciertos sanitarios, en este caso las RM, que supusieron en 2012 el 10,9 % (37 millones) de los 469,5 millones de las obligaciones reconocidas en conciertos sanitarios. El Síndic detalla que, en el caso de prestar el servicio con medios propios, y una vez realizadas las inversiones en equipamiento y las contrataciones de personal necesarias, «el ahorro potencial anual (diferencia entre el precio medio pagado por exploración en el 2012 257,19 euros y el coste medio incremental con recursos propios 108,36 euros, sin considerar los costes estructurales que ya están siendo soportados por los hospitales públicos) oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones» en función de los informes. Esto es, un ahorro de 3,3 millones si solo asumiera el 20 % de informes; de 6,7, con el 40 %; de 10, con el 60 %; de 13,4, con el 80 %; y de 16.765.700 euros, con el 100 %.
En el caso de que Sanidad, cuyo responsable es Manuel Llombart, optara por hacer las exploraciones con equipos privados pero informados por radiólogos públicos (modalidad C del contrato), el ahorro potencial entre el menor volumen de facturación y el mayor coste de personal, según el Síndic, oscilaría entre 406.000 y 2.032.000 euros. En cuanto al plus contraste, el precio, 48,49 euros, es «sensible superior al coste de adquisición del producto por parte del Hospital Peset de Valencia y por el Hospital San Juan de Alicante», que lo gestionan directamente. Si todo el contraste fuera público, el ahorro anual «se situaría en torno a 900.000 euros». Y podría ser mayor, añade el Sindic, en función de «la capacidad de negociación de la propia conselleria frente a los proveedores, de tal forma que determinados fungibles, como son los equipos inyectores, sean suministrados sin coste adicional».
La Sindicatura también cuestiona la «tasa de frecuencia» prevista en el contrato (número de exploraciones por mil habitantes), que debería calcularse en función del número de pruebas y no de pacientes, dado que el criterio de facturación es por exploración realizada y no por paciente. Si se cambiara, el ahorro en la facturación ascendería a unos 465.000 euros para 2010 y 2011.
La modificación de 2012 perjudicó
El Síndic pone en cuestión hasta la modificación del contrato pactada en noviembre de 2012 para limitar este gasto a 37 millones a cambio de cesiones, entre ellas la renuncia a implantar la citada modalidad C del contrato. Con ello se logró un ahorro de 1.028.919 euros, que «no avala suficientemente» la renuncia, ya que realizar las pruebas en equipos de la empresa con radiólogos públicos economizaría hasta los 2 millones citados. Además, el Hospital Provincial de Castelló y el General de Valencia, que facturaron a una de las firmas 5,4 millones (el 14,6 %), no computaron a efectos de la limitación de 37 millones. El coste supuso un descenso respecto a años anteriores. En el periodo 2008-2012, la UTE facturó 173,96 millones: 6,3 en 2008; 40,77, en 2009; 44,34, en 2010; 45,54, en 2011; y 37, en 2012. Con una inversión en 22 equipos de 29,1 millones para realizar 112.650 RM, se podría asumir el servicio.
