08 de agosto de 2013
08.08.2013
Bienestar

Alertan de que el copago sacará a discapacitados de centros y residencias

El decreto estipula que "en caso de deuda por el impago de precios públicos podrá finalizarse la prestación"

08.08.2013 | 01:11
Manifestación por la dignidad de personas con discapacidad.

«Con agosticidad y alevosía», sin consenso con el sector de la discapacidad, y «cargando otra vez la crisis sobre las persones más débiles de la sociedad». Así es visto por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe-CV) el nuevo decreto de la Conselleria de Bienestar Social que extiende el copago en residencias, centros de día y otros recursos de los Servicios Sociales a los discapacitados no dependientes, que hasta ahora estaban exentos del pago de estos recursos públicos.

Carlos Laguna, presidente de Cocemfe CV, aseguró que «puede que en algunos casos, dada la situación económica y el paro actual, algunos no puedan soportar el gasto del copago y tengan que abandonar los centros. Eso sería retroceder treinta años», alerta. La misma opinión comparte el presidente autonómico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Joan Planells. «En la situación de tragedia nacional que vivimos, posiblemente más de uno se echará atrás» y dejará de estar en residencias y centros específicos para volver a casa al cuidado de su familia. Aunque ve algunos detalles positivos en el texto como el cómputo de la unidad familiar en los casos en que el discapacitado sea cabeza de familia, Planells detecta otros aspectos que son «auténticas barbaridades» y que prefiere analizar a fondo antes de pronunciarse.

En las residencias planea la misma preocupación. Dice la directora general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), María José Mira, que «en principio, el sistema no puede dejar a nadie fuera por razones económicas. Pero en la realidad, probablemente ante la situación que están viviendo muchas familias, no sería de extrañar que muchos familiares se plantearan llevarlos a casa por no poder hacer frente al copago que les corresponda».

Hay datos preocupantes que se recogen en el decreto publicado anteayer para sorpresa de todo el sector. Por ejemplo, en el artículo 7 que recoge el régimen aplicable en los supuestos de impago. La nueva norma del Consell amenaza con que, «en el caso de existencia de deudas por el impago de precios públicos, podrá finalizarse la prestación del servicio».

Lo advierte una Administración, la Generalitat, fuertemente endeudada y con retrasos en el pago a proveedores, ayuntamientos, contratistas, asociaciones, farmacias, dependientes y un largo etcétera. El decreto avisa también que las deudas por no abonar el copago que le pertoque a cada usuario «serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya realizado su pago, a pesar de haber realizado las actuaciones oportunas para ello».

El presidente autonómico de Cocemfe subraya que «vivir con discapacidad ya es, de por sí, más caro que vivir sin ella». Por eso sostiene que este copago que se añade al copago farmacéutico es una «injusticia lamentable» que repercutirá en las personas «con más riesgo de exclusión».

Aerte señala que «en la parte de personas dependientes sin discapacidad reconocida, el copago les ha supuesto a algunos usuarios aumentos en sus aportaciones, pero sin comunicación previa y con carácter retroactivo». Por ello, la patronal de residencias insta a los usuarios y a sus familias a «iniciar un recurso de reposición individual contra estas resoluciones que llegan ahora, en agosto, sin previo aviso y con carácter retroactivo desde enero». Esto está provocando, señala María José Mira, «que sean los mismos centros los que tengan que soportar el impago de esa parte de los servicios prestados».

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