30 de agosto de 2013
30.08.2013
Caso Nóos

El PSPV acusa a Barberá y Camps por cinco delitos en Nóos

La acusación popular alega que el duque de Palma recibió contratos de la Generalitat y de la Fundación Turismo Valencia "por su condición de yerno del rey" - Añaden el tráfico de influencias a los delitos apreciados por el juez de Palma

30.08.2013 | 13:14

El PSPV del Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que asuma la causa en su ramificación valenciana y que impute por cinco delitos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

El PSPV se adhiere así a la decisión del juez de Palma que consideró que debe ser el TSJCV el que indague sobre la legalidad de los contratos que la Generalitat y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau firmaron con Iñaki Urdangarin para la organización del Valencia Summit y de los que serían responsables directos los aforados Camps y Barberá. Además de los socialistas, deben presentar sus alegaciones las partes implicadas en esta pieza separada del caso Palma Arena y la fiscalía.

En el escrito de treinta páginas al que ha tenido acceso Levante-EMV, la acusación popular concluye que las contrataciones de más de cuatro millones con la fundación del duque de Palma «fueron actos estrictamente voluntaristas en la medida que no obedecían a procurar el interés general» y que «se hicieron al margen de cualquier procedimiento administrativo con el fin último de poder beneficiar económicamente a cargo de las arcas públicas valencianas a Urdangarin, por su condición de yerno del rey».

El PSPV argumenta en su escrito que las contrataciones de la Generalitat y Fundación Turismo Valencia se realizaron «sustituyendo los principios que deben regir las contrataciones públicas». La acusación popular considera que «son responsables de tales ilícitos los que directamente tomaron estas decisiones arbitrarias e injustas: Camps y Barberá».

Esta participación de la alcaldesa y del expresidente de la Generalitat es una «certeza», ya que, según la acusación popular, ambos serían los máximos responsables de que, tanto la Generalitat como la Fundación Turismo Valencia, que recibía más del 80 % de los fondos del Ayuntamiento de Valencia, liberaran el capital a Urdangarin para que montara el Valencia Summit. Cabe recordar que se investiga si ese dinero se usó para beneficio propio del duque de Palma y su socio Diego Torres.

Las alegaciones del PSPV incluyen documentación que ayuda a afianzar las tesis del juez de Palma José Castro e incorporan el delito de tráfico de influencias que en la instrucción del juzgado de Mallorca no se había apreciado. La acusación asevera que en las diligencias practicadas por Castro «aparecen constantes referencias a la participación de Barbera y Camps, y las instituciones que representan, en los hechos relacionados con el Valencia Summit que tras el trabajo de más de tres años de instrucción se han considerado en diferentes momentos del procedimiento como presuntamente delictivos».

La acusación popular concluye que Camps y Barberá cometieron presuntamente prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y el ya mencionado tráfico de influencias.

El fiscal tendrá que pronunciarse si el TSJCV es competente en el mes de septiembre, ya que el propio tribunal valenciano rechazó ampliarle el plazo en 15 días. Por el momento, la sala ya tiene por parte, aunque sólo como afectada, a la alcaldesa, que decidió personarse asistida de abogado y procurador. Además, en caso de asumir la investigación estarán también los otros cinco imputados valencianos.

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