El Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el último recurso del exconseller Rafael Blasco contra su procesamiento en el caso Cooperación y ha dejado a la magistrada Pía Calderón vía libre para que dicte la apertura del juicio oral. La sala de lo Civil y Penal ha ratificado el procesamiento del exconseller y de los otros ocho acusados tras constatar que son sólidos los indicios de delito hallados por la juez por las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes, que compró inmuebles en Valencia con dinero que debía ir a Nicaragua. Los magistrados también apoyan en el auto -que es firme- la decisión de la magistrada de dividir la causa en dos por la complejidad del proceso. La segunda pieza es por las ayudas a distintas ONG vinculadas al empresario Augusto César Tauroni durante 2009, 2010 y 2011, y continúa en fase de instrucción.
El auto de apertura de juicio oral es inminente. La intención del TSJ era señalar el juicio en octubre, pero la decisión está condicionada por la agenda de algunos letrados. El abogado Javier Boix defiende a Blasco y al expresidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra, cuyo juicio arranca el dos de octubre y está previsto que dure casi un mes.
El auto del TSJ ratifica la decisión de la juez de declarar terminadas las diligencias de la pieza de la Fundación Cyes con los procesamientos de Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y otros siete acusados (en su mayoría altos cargos del departamento que dirigía). Pía Calderón imputó a Blasco por tráfico de influencias, delitos continuados de prevaricación, malversación e inducción a la falsedad.
La sala, según precisa el auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, ha llegado a la conclusión de que los indicios de delito contra el exconseller y el resto de acusados son razonables. Los magistrados rechazan la alegación de las defensas de que la causa se ha cerrado de "forma precipitada" e inciden en que los letrados pueden ahora proponer las declaraciones de testigos que consideren necesarias para el juicio. El auto niega que se haya producido algún tipo de irregularidad que haya causado indefensión a los acusados.
La juez dividió en noviembre del año pasado la causa. La que se va a juzgar ahora se centra en la presunta utilización de fondos de cooperación en Nicaragua por parte de la Fundación Cyes para la compra en Valencia de dos pisos, un entresuelo y un garaje por casi un millón de euros. La Conselleria de Blasco concedió en 2008 dos subvenciones a la Fundación Cyes para construir pozos de agua en Nicaragua, que se tramitaron con los expedientes G001/2008 y G002/2008. Según la investigación judicial, 969.875 euros se destinaron a adquirir los cuatro inmuebles en Valencia (que Cyes aseguró que iban a ser su sede) , 456.960 euros presuntamente fueron a la firma Gestiones e Iniciativas Arcmed (propiedad del empresario encarcelado) y a Nicaragua llegó sólo el 2,5% de las subvenciones.
Una vez iniciadas las pesquisas, la Conselleria de Solidaridad remitió al juzgado documentos manipulados para que no trascendieran las supuestas irregularidades de las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip reveló al juez que el exconseller Rafael Blasco le obligó a ocultar los expedientes de la Fundación Cyes y dos correos de Marc Llinares confirmaron su denuncia. Blasco, según Pía Calderón, habría cometido el delito de malversación de caudales al "haber autorizado la creación de las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero cooperando con Tina Sanjuán (secretaria general de Solidaridad), Marc Llinares (jefe de área de Cooperación) y Tauroni".
La sala de lo Civil y Penal del TSJ ha dejado fuera del juicio al PSPV y a la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales (CVONG). Los socialistas reclamaban que Blasco cumpliera una condena de quince años de prisión, pero su escrito ha quedado sin efecto tras la decisión del TSJ. En el juicio van a ejercer la acusación la Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés (el padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat Valenciana).
La magistrada instructora Pía Calderón ordenó que las tres partes personadas como acusación particular -el PSPV, la Coordinadora de ONG y Penadés- se unieran. La juez dio prioridad a Penadés porque fue el primero que se personó en la causa. Antonio Penadés formuló su propio escrito de acusación y la decisión que acaba de adoptar la sala cierra la puerta de la vista oral a los socialistas y a la CVONG.
La Fiscalía solicita 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco. Por su parte, la Abogacía de la Generalitat reclama que el exconseller cumpla once años y medio de cárcel 31 años de inhabilitación. Antonio Penadés pide que Blasco sea sentenciado a 13 años. El fiscal y la Generalitat sitúan al exconseller en sus escritos de acusación como líder de la trama en la sombra. Las acusaciones coinciden en que el supuesto urdidor del fraude es Blasco. La Abogacía de la Generalitat entiende que el diputado autonómico puede haber cometido cuatro delitos por firmar la subvención "a sabiendas de su injusticia por el incumplimiento de los requisitos", por presionar a los funcionarios, por ordenar la elaboración de un informe manipulado para la Fiscalía y por no revocar la concesión de las subvenciones.
