La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha afirmado que "en los próximos días" está previsto que su departamento afronte el pago de "aproximadamente 11 millones de euros" de ayudas para libros de forma directa a las familias, pendientes de otros años.
Así lo ha indicado, tras ser preguntada por esta cuestión, después de participar en el acto de apertura de los cursos de formación del profesorado en nuevas tecnologías, organizados por el Ministerio de Educación y UIMP.
La consellera ha asegurado que se va a hacer frente a una partida pendiente de pago de aproximadamente 11 millones de euros de ayudas directas a las familias y "otra de 4,6 millones de euros a los libreros".
Català ha destacado que en la conselleria se está centrados en el pago de las ayudas a libros pendientes y en las próximas dos semanas, esas ayudas que "estaban concedidas a las familias para los libros de textos, llegarán, y el inicio de curso tendrán un pequeña ayuda para que las cosas sean más fáciles".
La consellera ha sido preguntada por si se van a convocar esas ayudas para este año, a lo que ha comentado que ahora la conselleria está "centrada en el pago de las ayudas pendientes". "No es coherente hacer nuevas convocatorias si no se ha pagado lo que se debe", ha indicado.
PARTIDA PARA FAMILIAS EN SITUACIONES DIFÍCILES
De todas formas, ha matizado que habrá una partida determinada para aquellas "situaciones más difíciles" de algunas familias "para que ninguna familia se encuentra en una situación de imposibilidad para adquirir esos libros". "Se está trabajando durante estas semanas y habrá pronto noticias" de esa convocatoria, ha adelantado.
La titular de Educación ha explicado que las cuantías serán "totalmente diferentes" porque las necesidades "han cambiado absolutamente". Català ha apuntado que unas de las prioridades son algunos servicios complementarios "como el comedor y el transporte escolar", mientras que la adquisición de material escolar se ha afrontado "con una perspectiva del pago de las ayudas pendientes de otros años y con la introducción de las tabletas digitales".
Respecto a la deuda con los libreros, que asciende a 4,6 millones d de euros, ha comentado que está dispuesta a reunirse con ellos --como así lo ha solicitado el sector-- "y seguir hablando desde la colaboración y la voluntad de trabajar codo con codo". "Nuestra máxima preocupación son las familias y los niños", ha aclarado
RETOS DEL INICIO DE CURSO
Català ha asumido que se tiene un inicio de curso con "muchos retos" por delante y con el deseo de que "la normalidad impere" en el sector educativo para que el rendimiento académico de los alumnos "sea el deseado".
La consellera ha destacado que se está en un momento en el que la conselleria se ha centrado en el pago de la deuda. "En estos meses de verano se han pagado 20 millones de euros aproximadamente por gastos de funcionamiento de los centros educativos", ha recordado, al tiempo que ha reconocido que "se tiene un retraso de pago entre cinco y seis meses" con ellos. "Es verdad que no nos hemos puesto al día pero sí se ha avanzado mucho en el pago a los centros", ha reseñado.
Català ha apuntado que "con los pagos que se han hecho durante el verano, será factible que no haya dificultades" para la apertura de centros en el inicio escolar. "De todas formas, en la conselleria se sigue trabajando para el pago de los meses pendientes", ha agregado.
La consellera también ha sido preguntado por la apertura de centros infantiles que han sido denunciados y sobre los que la Administración debe tomar una solución. Català ha recordado que cualquier persona puede abrir una guardería, escuela infantil o ludoteca sin haber solicitado el permiso oportuno como se hace en algunos comercios.
La Administración tiene competencia de supervisión y si hay denuncia o indicio de que no se cumplen los requisitos "se abre un expediente y si no se dispone de documentación o se cumplen determinados criterios, se cierra", ha indicado. En los últimos meses han abierto 242 expedientes, todos procedentes de denuncias. "El centro puede alegar lo que considere y la Administración toma una decisión, ha finalizado.
