«No he entregado al señor Bárcenas cantidad alguna de dinero, ni mío, ni de otras personas, empresas o entidades; ni he adoptado decisión alguna a lo largo de mi trayectoria política que favoreciera a ninguna empresa». Así consta en el discurso de nueve páginas que el presidente de las Corts, Juan Cotino, leyó ayer ante los diputados de la oposición durante su comparecencia ante la Comisión del Estatuto del Diputado, una reunión que el propio Cotino solicitó el pasado 31 de julio para explicar su relación con el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas, en cuya contabilidad figura un apunte a su nombre de 200.000 euros realizado en 2004.

El presidente de las Corts se había negado, como reclamaba la oposición, a comparecer en la diputación permanente y eligió hacerlo a puerta cerrada. La Comisión del Estatuto del Diputado no permite el acceso a la prensa y, sobre el papel, el contenido de la reunión es secreto. Sin embargo, el propio Cotino levantó el secreto cuando acabó la reunión y entregó a los medios de comunicación una copia con su discurso.

También admitió preguntas de los periodistas, aunque básicamente se ciñó a su escrito. En este documento, Cotino no se limitó a desvincularse de la presunta financiación irregular del PP, sino que negó cualquier trato de favor a las empresas de su familia en sus más de 20 años en la política. Las adjudicaciones de la Generalitat a Sedesa y a otras firmas vinculadas, en concreto la empresa Gerocentros adjudicataria del programa de acceso a plazas residencias, ha estado desde hace años en el punto de mira. Recientemente, el PSPV aportó al juez Ruz, que investiga el caso Bárcenas, contratos por 13,7 millones de euros adjudicados a Sedesa pese a no ser la mejor oferta. El propietario de la firma y sobrino del conseller, Vicente Cotino, está, además, imputado en el caso Gürtel.

Cotino quiso ayer desvincular la trayectoria de Sedesa con sus cargos de responsabilidad y recordó que los negocios de su familia se remontan a cien años atrás y «no cuando entré en política». «Esas empresas relató acarrearon material para la construcción del Matadero de Valencia en 1898» . Según el presidente de las Corts, ya en 1996, cuando fue nombrado director general de la Policía vendió la mayoría de sus acciones en Sedesa y para «que no se generara ningunda duda» la constructora no concurrió ninguna obra del Ministerio de Interior. Tampoco, matizó, del Ayuntamiento de Valencia cuando él era concejal. La etapa de Cotino en la Generalitat es, en opinión de la oposición, la más turbia ya que Sedesa habría obtenido unos 850 millones en adjudicaciones de obras y más de 200 en adjudicación de servicios. En concreto, las acusaciones de la oposición se centran en la época en que Cotino estaba al frente de la oposición. En su descargo, el exconseller apuntó que en 2007 vendió todas sus participaciones y que cuando llegó a Bienestar Social Sedesa ya tenía relaciones contracturales con este departamento. Precisó que cuando el Consell acordó la revisión de precios a favor de las empresas adjudicatarias de las residencias, él todavía no estaba en Bienestar Social, aunque ya formaba parte del Consell. Eso sí admitió que siendo ya conseller del ramo concertó nuevas plazas (5.282), pero se excusó en que fueron 13 las empresas beneficiarias, entre ellas Gerocentros del Mediterráneo. En su escrito se quejó de las «falsedades difundidas sobre su persona y de las acusaciones falsas, con datos manipulados indocumentados de algunos diputados y medios de comunicación». «La mala política también daña a las siglas del PP; si estuviera ante un juez diría lo mismo», añadió. Sobre Bárcenas, Cotino insistió en negar las acusaciones, como lo hizo cuando se le acusó de recibir regalos de la trama Gürtel: «Contra la anotación del imputado, mi palabra», sentenció.

Cotino, con todo, no convenció a la oposición, que las consideró incompletas. Antonio Torres (PSPV) mantuvo que «paralela a su carrera política ha ido la carrera de Sedesa y las empresas del grupo de su familia»; Ignacio Blanco (EU) recordó que ampliará la querella ante la Audiencia Nacional con todas las adjudicaciones de Sedesa y Enric Morera (Compromís) pidió una relación de todas las adjudicaciones. Rafael Maluenda (PP) fue el único que se dio por satisfecho y avisó de que el asunto se da por cerrado. La oposición quería otra comparecencia «con publicidad».