El Tribunal Superior de Justicia ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre las dos querellas presentadas por la Asociación contra la Corrupción en la Comunitat Valenciana contra el presidente de la Generalitat Alberto Fabra por el nombramiento de dos asesores del grupo municipal del PP de Castelló y contra el conseller Serafín Castellano por las supuestas irregularidades en la contratación de una treintena de personas. El TSJ, como ayer informó Levante-EMV, acaba de archivar otra querella que la Asociación contra la Corrupción presentó contra Castellano por el caso Taroncher. Serafín Castellano declaró ayer que asume «con normalidad» el archivo del caso Taroncher.

El colectivo contra la corrupción está fracasando en su intento de inhabilitar en los tribunales al presidente Fabra y a su número dos, Serafín Castellano. La asociación formalizó la querella contra Fabra después de que el fiscal superior decidiera archivar la denuncia contra el jefe del Consell y el alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, al no hallar indicios delitos.

La asociación acusa a Fabra y a Bataller de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el nombramiento en junio de 2011 de dos asesores para dos puestos de trabajo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló y que, según los denunciantes, trabajan en realidad en la sede del PP. El fiscal advirtió en su informe de archivo de que «el grupo municipal popular destina a sus auxiliares al lugar que estima le puede prestar mejor servicio».

Sobre la querella contra Castellano por «enchufismo», el TSJ insiste en la necesidad de que se concreten los hechos «no siendo suficiente con una mera imputación personal sin datos o circunstancias que lo corroboren».

El Tribunal Superior de Justicia ya archivó la querella por del caso Taroncher porque la denuncia era demasiado genérica. La sala no practicó ninguna diligencia de investigación. La denuncia archivada mencionaba la existencia de contrataciones irregulares a Construcciones Taroncher por valor de siete millones.