La cadena humana por la lengua y el derecho a decidir celebrada en Vinaròs consiguió enlazar con su homónima independentista catalana en el puente sobre el río Sénia ayer a las 17 horas y 14 minutos, tal y como estaba previsto. Los más de 5.000 valencianos que acudieron a la frontera administrativa con Cataluña desbordaron las previsiones de los organizadores (se esperaban 500), que se vieron beneficiados por la publicidad que les dio la prohibición del Gobierno, revocada por la justicia por la mañana. El Tribunal Superior de Justicia decretó «contraria a derecho» la decisión de la Delegación del Gobierno de no permitir el acto convocado por Acció Cultural del País Valencià.

La cadena se celebró sin casi incidentes y en un ambiente festivo con la concentración de gigantes y cabezudos de toda la Comunitat Valenciana y numerosos castillos y grupos de «dolçaines» y «tabalets». Tras la cadena humana, la Guardia Civil detuvo al diputado del Parlament de Cataluña por Solidaritat Catalana nacido en Sagunt, Alfons López Tena, y a otra persona por desacato a la autoridad tras empujar a un sargento, según fuentes de Interior. A las pocas horas fueron liberados y hoy declaran ante el juez.

Los actos vespertinos y la cadena que nacía en Vinaròs enlazó con la catalana con un emotivo abrazo entre el cantautor catalán Lluís Llach y el músico valenciano Carles Santos. Por la mañana el TSJ había levantado la prohibición del Gobierno. Los cinco magistrados que deliberaron sobre el recurso de ACPV aseguraron en la sentencia que los argumentos de la abogacía de la Generalitat y del fiscal no eran válidos porque el riesgo para las personas que alegaban era «mínimo o nulo».

Además, explicaron en sus fundamentos de derecho que la cadena independentista autorizada en Cataluña iba a cerrar la N-340, «lo que lógicamente supondrá una sensible reducción del tráfico» en la zona valenciana. Los magistrados también descartaron que la cadena pudiera provocar «irritación en los conductores y originar alteraciones del orden público», como defendía la Guardia Civil, el Gobierno y la fiscalía.

Por tanto, el TSJ declaró la prohibición del Gobierno «contraria a derecho» y le obliga a pagar las costas del proceso. Además, recordó a la Delegación del Gobierno que «solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a libertad de reunión y manifestación». Remató la sentencia apuntando que «para muchos grupos sociales, este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones».

Desde ACPV celebraron la sentencia del TSJ y agradecieron a la justicia «su rápida respuesta». «El fallo senta un precedente jurídico para poner freno a los intentos de los gobiernos valenciano y español de coartar la libertad de expresión», afirmó el secretario de ACPV, Toni Gisbert, quien añadió que su recurso ha servido para defender «el derecho a la libertad de manifestación de los valencianos». Gisbert pidió al Gobierno y al Consell que dialoguen con ACPV porque en poco tiempo se han llevado «dos palos judiciales», el de ayer y el del Supremo por los repetidores de TV3. Desde la Generalitat catalana también celebraron el fallo y se alegraron de que «prime el sentido común».