13 de septiembre de 2013
13.09.2013
Déficit asimétrico

Canarias recurrirá al Supremo el reparto de déficit que beneficia a la C. Valenciana

El ejecutivo del archipiélago considera que la distribución fue acordada de forma unilateral y arbitraria

12.09.2013 | 23:38

El Gobierno canario, a propuesta del consejero de Economía, acordó ayer la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los acuerdos del Consejo de Ministros que fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2013-2016. En este reparto se asignaba a Canarias un déficit máximo del 1,2 % frente a otros índices más elevados, como el 1,6 % para la Comunitat Valenciana.

De esta manera, el Gobierno de Canarias entiende que el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, por un lado, y el establecido para cada una de las autonomías, por otro, fue acordado de forma unilateral y arbitraria por el Gobierno central y vulnera la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Según la valoración del archipiélago, en la distribución del déficit se ha incumplido la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aplicando un procedimiento que no se ajusta a la norma.

De acuerdo con esa disposición y a juicio de los servicios jurídicos, el reparto establece una metodología que el Estado no ha respetado ni tampoco se ajusta a las previsiones establecidas por la Comisión Europea para su cálculo. Solo en referencia al año 2013, la fórmula aplicada permite al Estado aumentar su capacidad de gasto de forma irregular en 5.974 millones de euros más mientras que las comunidades autónomas pierden 3.914 millones.

En cuanto a la fijación de los objetivos individuales a las comunidades, el Gobierno insular considera que también se vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria al no contemplar el déficit de ingresos procedentes del sistema de financiación que, en el caso de Canarias, supone una merma anual de 800 millones de euros para garantizar los servicios públicos esenciales. Además, tampoco se ha tenido en cuenta la situación económica de cada comunidad autónoma ni la tasa de desempleo.

Finalmente, los servicios jurídicos opinan que la distribución acordada por el Consejo de Ministros vulnera los principios de igualdad, solidaridad y autonomía financiera de las comunidades.

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