13 de septiembre de 2013
13.09.2013

Tres imputados por injurias y amenazas en el Senado

Centenares de personas se concentran ante la Ciudad de la Justicia en apoyo a uno de los citados, miembro de la PAH, que se negó a declarar

13.09.2013 | 13:28
Concentración de apoyo a los imputados por los sucesos del 8 de mayo en el Senado.

Al grito de «basta ya, ni un desahucio más» quinientas personas se concentraron ayer ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia para mostrar su apoyo a los seis imputados de la PAH hasta ahora, tres de ellos valencianos, por supuestas injurias y amenazas de muerte a parlamentarios durante un pleno en el Senado el pasado 8 de mayo. Ese día, 26 miembros de la PAH acudieron invitados por el partido socialista e Izquierda Unida, entre otros, para presenciar la votación de la reforma hipotecaria.
Al término del pleno, los asistentes de la PAH se pusieron en pie y dieron la espalda a los senadores con el fin de mostrar su negativa a la reforma por considerarla insuficiente y en consecuencia los desalojaron de la sala.
En relación a ello, el 2 de agosto Miguelón Pérez, uno de los valencianos que acudió al pleno aquel día, recibió una carta en la que se le citaba de «forma urgente» a declarar como imputado el 13 de septiembre por la protesta del 8 de mayo, aunque sin mayor explicación sobre los hechos. Ayer, tras acudir a la citación, Miguelón se acogió a su derecho a no declarar. «Ni siquiera la jueza sabe cuál es el motivo de la imputación» apunta Ricardo Cano, abogado de la PAH en la Comunidad Valenciana. Según Cano, la denuncia viene de dos policías nacionales de la Brigada de Información, que acusan a los miembros de la PAH de insultos y amenazas de muerte a los senadores, hechos que los seis imputados hasta el momento niegan rotundamente.
«Nos han dicho que tienen vídeos con los insultos, pero no los enseñan porque es mentira» afirma Miguelón. «¿Cómo puedo ejercer mi defensa si no tengo las pruebas y las razones por las que se me imputa?» se pregunta el acusado. A su salida, los quinientos asistentes y diferentes colectivos mostraron su apoyo a Miguelón y al resto de imputados, ya que consideran la causa como «un abuso de poder injusto cuya finalidad es desviar el tema y camuflar con represión la lucha de la PAH».

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