El secretario general del PSPV, Ximo Puig, advirtió ayer de que el decreto de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistémica eléctrico elaborado por el Gobierno central supondrá «un grave perjuicio» para 50.000 pequeños productores de energía fotovoltaica en la Comunitat Valenciana y podría conllevar la pérdida de 15.000 empleos en la región.
Puig reclamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que presente un recurso de inconstitucionalidad frente a esta normativa «penalizadora» con las energías renovables que supondrá «la muerte del sector de la energía fotovoltaica». Puig avanzó que los socialistas presentarán iniciativas porque «están de lado de los miles pequeños inversores valencianos que confiaron en la seguridad jurídica del Estado», tal como trasladó al tesorero nacional de la Asociación Nacional de Productores de energía fotovoltaica (Anpier), Lluís Calatayud.
