Una empresa valenciana ha denunciado a la Generalitat por prácticas contrarias a la competencia en la gestión de los residuos. En el escrito presentado en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), al que ha tenido acceso Levante-EMV, la denunciante, Limpiezas Urbanas Mediterráneo, asegura que en la Comunitat Valenciana se produce "una situación monopolística en el ámbito del tratamiento y eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)".
"Los Planes Zonales impiden la creación de otras empresas y la Generalitat Valenciana ha bloqueado las autorizaciones para crear nuevas empresas en el sector", explica la empresa en su denuncia, que también critica "la imposibilidad de competencia entre las distintas plantas". Como consecuencia, señala que "se han creado monopolios zonales" y, por consiguiente, las adjudicatarias establecen precios "que no se corresponden con los precios reales del tratamiento y eliminación de los RSU, pues éstos son hasta cuatro y cinco veces inferiores".
Todas las plantas y vertederos autorizados son de titularidad pública. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se encargan de la gestión empresas privadas individualmente o formando uniones temporales de empresas (UTE). La denunciante, sin embargo, alega que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente no ha permitido ninguna instalación de propiedad privada para el tratamiento de los RSU. "Mayor prueba de existencia de obstáculos a la competencia es imposible", afirma en su texto.
Vertedero cerrado en Elda
Limpiezas Urbanas Mediterráneo es también la única empresa que, de momento, ha recurrido la actualización del Plan Integral de Recursos. Radicada en Elx y propietaria de un vertedero en Elda, lleva años litigando con la Generalitat y el ayuntamiento del municipio para que autorice esta planta. Gestionada por la empresa desde hace más de 40 años, la instalación está cerrada desde finales de 2012 y la Policía Autonómica impiden la entrada de basuras. Hasta entonces recibía residuos de varios municipios valencianos (no así los de Elda, que van a Villena) gracias a deuna sentencia del Tribunal Superior de Justicia que estableció que tenía derecho a licencia de actividad, a pesar de quedar al margen del Plan Zonal de RSU.
Medio Ambiente defiende que la empresa carece de la autorización ambiental integrada (AAI). Y la abogada de la denunciante, Mónica Marco, por su parte, critica que la conselleria "deniega la AAI", pese a que el vertedero cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable. "Las instalaciones son técnicamente perfectas", asegura Marco, quien atribuye esta decisión a que la Generalitat "no quiere que entren empresas privadas en el sector".
