La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, sobre quién recayó en 2006 la responsabilidad de investigar el accidente del metro que causó la muerte a 43 personas y que archivó la causa, reaccionó ayer de forma airada a la petición de la Fiscalía Provincial de Valencia de reabrir las pesquisas del siniestro. En un auto de seis folios redactado casi dos meses después del escrito de la fiscalía (22 de julio), la jueza rechaza reabrir la investigación sobre las circunstancias del accidente del 3 de julio de 2006 e insiste en la monocausa de la velocidad. En un lenguaje inusualmente duro, la jueza considera «insólitas» e «insostenibles» las tesis de la fiscalía a la que reprocha que las pruebas que presenta para reabrir la causa «no representan ninguna novedad» e, incluso, le afea que defienda «tesis insostenibles». Para la magistrada Nieves Molina no representa «ninguna novedad» haberse enterado ahora de que la UTA (unidad de tren articulado) 3736 tuvo tres descarrilamientos anteriores (durante la investigación sólo se tuvo conocimiento de un incidente), también rechaza investigar el comportamiento del frenado automático puntual (FAP) como pide la Fiscalía. Y la única «novedad» que admite, el escrito de un directivo de FGV sobre la obsolescencia de las UTA, lo considera «insuficiente» (más información en la página 4). La decisión de la jueza no es firme y cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado o recurso de apelación, en cinco días, ante la Audiencia Provincial.

Tres informes y una declaración

La jueza Nieves Molina aprovecha la primera parte del auto, los tres primeros folios,para reivindicarse y defender la cuestionada instrucción que realizó sobre el accidente. Una investigación en la que, como ella misma reconoce, sólo se hizo un informe técnico policial (que ni siquiera se ratificó en sede judicial), un informe pericial (iniciado cuatro meses después del siniestro) y un informe de parte encargado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a catedráticos de ferrocarriles de las universidades de Valencia, Madrid y Barcelona. En la causa del accidente del metro no se citó a nadie a declarar, como se ha hecho en Galicia, y la única persona qe compareció en el juzgado fue el perito judicial designado por el juzgado, Andrés Cortabitarte, director de seguridad en la Circulación de Adif hasta hace unos meses (y que podría acabar imputado en la investigación del accidente de Galicia).

La magistrada se deshace en elogios a las diligencias que se practicaron durante su instrucción, que destaca «por su importancia y trascendencia». Del informe técnico policial asegura que, «de forma minuciosa y detallada, dejó constancia de todas las evidencias o señales objetivas» del descarrilamiento y que aportó «como dato objetivo e incuestionable que al inicio de la curva la velocidad del tren era de 80,89 km/h». Del informe de FGV asegura que «se partió de datos reales» y concluyó que «cualquier tren de las características del accidentado que circulase en el entorno de los 80 km/h en la curva donde se produjo el accidente volcaría». Y del informe del perito de Adif, la jueza destaca que «pretendía averiguarse si el descarrilamiento tuvo una causa diferente a la velocidad» o si el exceso de velocidad había estado causado por un fallo técnico (en los frenos). La jueza señala que «el perito descartó de forma contundente algún fallo de tipo técnico». «Se descartó el posible fallo de los frenos pese a que „admite„ no fue posible analizar el manipulador y los tubos de los frenos al haber quedado destrozados a consecuencia del accidente». Del estado de la vía, la jueza recuerda que «todos los parámetros analizados estaban dentro de los márgenes de tolerancia», pese a que el perito analizó la vía cinco meses después del accidente, cuando ya estaba reparada.

Sobre la posible responsabilidad penal del «personal de FGV, su gerente o su consejo de administración» la magistrada insiste en que «esta juzgadora entendió que no cabía imputar responsabilidad penal al personal de FGV vinculado con la seguridad en la circulación» y que los tres informes técnicos descartaron que el descarrilamiento se debiera a un fallo técnico de la UTA. Unas decisiones, recuerda varias veces Nieves Molina, «que fueron compartidas por los tres magistrados de la Audiencia Provincial y por el Ministerio Fiscal».