El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) manifestó ayer que el decreto del Consell que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales «empobrece la economía de los más débiles». En un comunicado, expresó su«malestar y profunda indignación» por la publicación de este decreto «tan duro» y exigió que se «retire o se corrija» por la repercusión que tendrá en la vida de la persona con discapacidad y en sus organizaciones de ayuda y voluntariado.

La Conselleria de Bienestar Social aseguro ayer que remitió el borrador del proyecto de decreto por el que se establece el régimen a dieciocho entidades, a las que se invitó a participar para que pudieran aportar las alegaciones que considerasen oportunas. Entre esas entidades estaban el CERMI y fueron cinco las que plantearon alegaciones. De ellas, según la conselleria, solo dos eran entidades del sector de la discapacidad y solo una de esas alegaciones hacía referencia al copago y se refería exclusivamente a la fórmula de gestión del mismo.

Desde la conselleria se contestó a cada una de esas alegaciones, añaden las fuentes, que insisten en que mantiene su voluntad de diálogo con los colectivos, «como hasta ahora», y garantiza que ningún usuario quedará desatendido por falta de recursos económicos. Bienestar Social asegura haber trabajado para calcular las aportaciones de las personas con el fin de garantizar que sean acordes a la capacidad económica individual.

Desde CERMI se recriminó que en el preámbulo se «confunda implícitamente» a las personas discapacitadas con las de la tercera edad en situación de dependencia porque no tienen las mismas necesidades y por tanto, «las leyes y los servicios deben tener esto en cuenta a la hora de fijar normas y apoyos». En su opinión, hay artículos que contradicen el Código Civil, como el que dice que el tutor puede tener obligación de realizar el copago. «¿Quién va aceptar ser tutor de una persona con discapacidad, o enfermo mental, si a parte de la responsabilidad civil invigilando hay que añadir una responsabilidad patrimonial del tutor?», se preguntó.