A sus alumnos del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, el profesor Miguel Rodilla les enseña las claves para utilizar las herramientas de medición de los impactos ambientales de las actividades humanas y las formas en que deben gestionarse. El especialista en Evaluación y Gestión Ambiental, investigador del Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres de la UPV, se muestra muy crítico con el anteproyecto de Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental que se encuentra en fase de exposición pública.

¿Qué opina del anteproyecto de Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental?

Es una vuelta atrás. Inicialmente tuvimos una ley de Impacto Ambiental, que tenía un ámbito de aplicación muy amplio, pero básicamente se destinaba a proyectos. Después se aprobó una ley de Evaluación Ambiental Estratégica, que se convirtió en un instrumento imprescindible, porque las evaluaciones de impacto ambiental no tratan de la misma forma los proyectos (que se ejecutan en un lugar concreto) que las planificaciones o estrategias. Ahora esas dos herramientas vuelven a fusionarse, así que las evaluaciones pierden calidad. Tendremos que trabajar otra vez con una mayor ambigüedad.

¿Ve algún otro punto débil?

Se reduce al mínimo la fase de consultas la fase de consultas de la evaluación de impacto ambiental, el scoping, que sirve para determinar su alcance: ahora es voluntaria. Respecto a la participación pública, aunque se dice que se expondrá en la web de la conselleria, no se especifica cómo se va a instrumentar y ése es un déficit que ya arrastramos. Además, el condicionado ambiental sólo se podrá modificar a petición del promotor que lo pedirá cuando le beneficie, cuando debería ser la administración como consecuencia de su vigilancia.

¿Qué novedades considera positivas?

Hay una que es positiva, pero puede acabar siendo negativa, la introducción de las compensaciones ambientales. Se crean bancos de conservación que son peligrosos, porque, en función del proyecto, la ubicación es fundamental cuando afecta a un área de interés. No es de recibo compensar en un lugar diferente, se están deslocalizando los beneficios. Por otra parte, es positivo que haga hincapié en que se evalúen los impactos de la contaminación sobre la salud humana y el medio ambiente.

La Generalitat argumenta que esta norma pretende relanzar la actividad económica.

No tiene sentido que una evaluación de impacto ambiental se demore tres o cuatro años. Está claro que debería ser más eficiente. A veces pasa que si tarda tanto, el empresario desestima la iniciativa. En todo caso, si el planteamiento es que vamos a ser más laxos para acelerar las tramitaciones, es peligroso. Eso lo dicen sin pensar. Y esa situación tampoco va a cambiar con esta ley. Porque en cuestiones medioambientales en ocasiones no hay vuelta atrás. Pero la ley no solamente va a reformar eso.

¿Y qué consecuencias puede tener que se apruebe como está formulada ahora?

Habrá un menor control y más capacidad para que se introduzcan decisiones políticas. Puede ser un coladero. Va a ser un procedimiento más simple, porque también será mucho más fácil. Si, por ejemplo, no se hacen las consultas para ver el contenido de la evaluación de impacto ambiental, dependerá únicamente de lo que haga el técnico. Y si al técnico no se le ocurre algo... Esta ley hará que los trámites sean más ligeros, pero una evaluación de este tipo no sólo debería ser un trámite.

¿Se puede acelerar la implantación de las actividades empresariales sin perder rigor?

Para acelerar la tramitación simplemente hace falta que se trabaje más rápido en la Administración, que no se agoten siempre los plazos o, pese a que quizá no es el mejor momento para decirlo, que se incorporen más funcionarios.