23 de septiembre de 2013
23.09.2013
Denuncia

Acusan a un cargo de Presidencia de gastar 7.537€ en móvil

La Asociación contra la Corrupción señala a la secretaria autonómica Cristina Macías y exige su dimisión - También llevará al juzgado sus querellas contra Fabra y Castellano

23.09.2013 | 18:58

La Asociación contra la Corrupción llevará a un juzgado ordinario las querellas contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tras ser rechazada la primera por la Fiscalía Superior y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y, la relativa a Castellano, por la sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano.

En concreto, la denuncia y posteriores querellas contra Fabra son por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por la contratación de dos asesores en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón, durante su etapa como alcalde, sin que ejercieran ninguna función en el consistorio sino para el PP de la capital de La Plana.

La otra querella hace alusión al conocido como 'caso Taroncher' e iba dirigida contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas a Construcciones Taroncher por el conseller y actual secretario general del PPCV desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la administración valenciana.

El presidente de la asociación, Enrique Soriano, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que esta misma semana presentarán la querella contra Castellano en el juzgado de instrucción, según las "pautas que están marcando los fiscales" al rechazar sus iniciativas, y que tienen intención de proceder de igual modo en el caso de Fabra.

Soriano ha criticado las "trabas" que encuentran por parte del TSJCV y de la Fiscalía, tales como los sucesivos archivos incluso "en 24 horas" desde la presentación de la querella o los "cambios de juzgado que están haciendo constantemente", y ha recalcado que su intención es "llegar hasta el final" aunque implique "estar diez años yendo a por corruptos y políticos que no funcionan bien".

De hecho, ha augurado "un octubre muy calentito", en el que presentarán "muchas denuncias y bastantes querellas" contra "altos cargos de la Generalitat", incluido el jefe del Consell y algunos de sus compañeros actuales de gobierno, ha precisado.

"A ver si de verdad empiezan a investigar porque las denuncias están para investigarlas, no para cogerlas y que prácticamente las archiven", recalca Soriano, quien reprueba que "lo que menos están haciendo es investigar" y mantiene que las archivan "sin leerlas".

"HEMOS SIDO DEMASIADO LEGALES HASTA AHORA"

"Hemos sido demasiado legales hasta ahora", ha subrayado el presidente de la asociación, quien avanza que a partir de ahora también difundirán las informaciones que les hacen llegar sus contactos "dentro" de las distintas instituciones, que están "muy cabreados" y les están "pasando documentación de cosas muy fuertes".

Como ejemplo de actuación que "tampoco es ilegal pero moralmente es una exageración", la asociación cita una factura de móvil por importe de 7.537,99 euros de la secretaria autonómica de Presidencia y coordinadora de la Abogacía de la Generalitat, Cristina Macías, correspondiente a junio, que aseguran tener en su poder.

A su juicio, "es una barbaridad" que Macías haya "gastado en un mes más de lo que percibe un parado en un año", por lo que exigen su dimisión, la devolución del importe de esa "factura pagada por todos los valencianos" y que Fabra dé "explicaciones" en las Corts.

LLAMADAS "PORQUE NO ES SU DINERO Y NADIE LE CONTROLA"

De la relación de llamadas efectuadas, avanzan que "casi todo son llamadas fuera de España", a distintos números de teléfono, y que Macías ha realizado, a su juicio, "porque no es su dinero y nadie le controla ni dice nada, así que lo que hace es llamar a su antojo".

Entre las futuras iniciativas de la asociación figura una denuncia por incumplimiento de las leyes de Subvenciones, Contratos y Hacienda Pública de la Generalitat en la concesión de fondos agrarios europeos "de forma improcedente" a una empresa con sede en Beniflà (Valencia) para la construcción de fincas agrarias en Andalucía.

Para este caso, cuentan con la colaboración de la ingeniera agrónoma y funcionaria de carrera Paloma Coiduras, que advirtió esas irregularidades "por falta de documentación preceptiva" durante su etapa en la Conselleria de Agricultura y asegura haber sufrido "represalias", en forma de traslados y el rechazo de una comisión de servicio, por denunciarlas ante la Fiscalía. Según ha explicado, tanto la Fiscalía como ella misma han trasladado esos hechos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, gracias a la asociación, volverán a los juzgados al contar con "nueva documentación".

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