Es ingeniero agrónomo, ha ocupado puestos de responsabilidad en la gestión agrícola y pesquera en la Junta de Andalucía y tiene una dilatada experiencia como funcionaria, entre otros campos en la supervisión y gestión de ayudas comunitarias agrarias y al desarrollo rural. En septiembre de 2012, Paloma Coiduras acudió a la Fiscalía de Valencia a denunciar presuntas ilegalidades detectadas en las ayudas, por 3,8 millones, a una organización de productores de frutas y hortalizas (SAT) radicada en Beniflà (la Safor) para transformaciones agrarias en Huelva. Luego, en abril de 2013, amplió la denuncia a otros campos.
La empleada pública incorporó abundante documentación sobre supuesto fraude del Consell en la gestión de 128 millones entre 2008 y 2013 en dos líneas de ayuda denominadas Ruralter-Leader y Ruralter-Paisaje, financiadas en el primer caso en un 50% por la Unión Europea. En esa documentación, Paloma Coiduras ya informó al fiscal de que había sido objeto de represalias. En concreto, no se le renovó la comisión de servicios, situación provisional en la que se encontraba desde que en 2009 se trasladó desde la Junta de Andalucía, donde tiene plaza, concretamente en Almería.
"Cumplir con mi obligación"
El motivo de aquel traslado fue la necesidad de huir de un destino en el que ya tuvo problemas al denunciar irregularidades económicas y acoso laboral. Los tribunales le dieron la razón. Ahora, explica a Levante-EMV que de nuevo sufre "las consecuencias de cumplir con mi obligación de funcionaria, velar por el buen uso del dinero público y no plegarme a manipulaciones políticas". Sus problemas empezaron, explica, "al día siguiente de denunciar irregularidades detectadas en el expediente de subvenciones" para infraestructuras de regadíos. "No podía firmarlo", cuenta, porque el expediente carecía de proyectos técnicos, certificaciones y no se utilizaba la línea de ayudas indicada, entre otras muchas anomalías. Comunicó, según explica, a su jefe de sección que el destino de esos fondos no estaba nada claro. 24 horas después se le trasladó de destino. Entre mayo y septiembre de 2011, su cometido laboral se desarrollo en registro de Industrias Agrarias y, en julio de 2012, pasó a la subdirección general de desarrollo rural. Cambios que implicaron también traslado de edificio.
Al ocupar nueva plaza -"cambios que se hicieron sin papeles, con comunicación verbal, sin más", comenta- tuvo acceso a nuevos expedientes en el ámbito del desarrollo rural. Dicho de otro modo, otros focos de presuntas ilegalidades, como las apuntadas en los programas Ruralter, que están siendo investigados por Fiscalía y por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf). Se buscar aclarar por qué se usó dinero del desarrollo rural para costear equipajes de fútbol, compra de ordenadores en parroquias o pago de comidas a asociaciones de amas de casa.
Estos días ha recibido la solidaridad del sindicato CGT y de la oposición de parlamentaria (PSPV, Compromís y EU) en su denuncia de las "represalias" que está sufriendo. "Sé que una comisión de servicios es provisional, que el puesto no es mío, pero pido que se me trate como a los demás, como a los 7 u 8 ingenieros agrónomos que tienen menos currículum, no son doctores, tienen menos experiencia y también vienen de otras comunidades pero sí se les concede esa comisión de servicios", explica la funcionaria con destino hasta ahora en la extinta conselleria de Agricultura, hoy subsumida en el macrodepartamento bajo mando de Císcar.
La conclusión de Coiduras es que ahora sufre las consecuencias de "cumplir con mi obligación como funcionaria de carrera", mientras "los que miran para otro lado van ascendiendo". Coincide con la denuncia sindical de la CGT en que el Consell está "sustituyendo personal funcionario por eventuales", más expuestos a las contingencias políticas.
