El coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la fundación Societat i Progrés del PSPV, Matias Alonso, fue recibido ayer en Madrid por el Grupo de Trabajo que el Comité de la ONU que se ocupa de las desapariciones forzadas e involuntarias ha enviado a España para conocer la política del Gobierno español al respecto.
Alonso denunció ante la delegación de Naciones Unidas el abandono de las víctimas valencianas de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Y lo hizo mediante los casos de Pedro Alcorisa, un ex guerrillero de 93 años, que lleva desde 2009 a la espera de que el Ayuntamiento de Valencia responda a su petición de autorización para exhumar los restos de su padre de una fosa común del Cementerio General, y de José Valls, un militante socialista fusilado durante la Guerra Civil en Borriol. Esta última exhumación ha sido la primera en España financiada a través de una suscripción popular tras la supresión por parte del Gobierno del PP de las ayudas de la Ley de la Memoria Histórica.
El silencio administrativo del consistorio, que según Alonso, "no ha dicho ni sí ni no a la solicitud de exhumación", obligó en mayo de 2011 al Grupo por la Memoria y a la Gavilla Verde a devolver los 50.076 euros que en diciembre de 2009 había concedido Ministerio de Presidencia para exhumar los restos del padre del guerrillero y de otro desaparecido enterrado en la misma fosa del Cementerio General.
El deseo de Pedro y de su hermana Pilar, dos de los cinco hermanos Alcorisa han muerto desde que solicitaron la autorización municipal, es enterrar junto a su madre los restos de su padre, Teófilo Alcorisa, torturado hasta la muerte por la Guardia Civil en el cuartel de Arrancapins en 1947. Teófilo fue arrestado en su casa de Higueruelas -aldea de Santa Cruz de Moya (Cuenca) colindante con Aras de los Olmos- por tener un hijo guerrillero. Enterrado anónimamente, sus descendientes no descubrieron hasta 2006 que estaba en la fosa del civil del Cementerio General.
