Los grupos parlamentarios con representación en las Corts no han alcanzado, en la negociación parlamentaria, un acuerdo de mínimos en materia de financiación autonómica, ante la negativa de la oposición de suscribir la propuesta presentada por el PP y la negativa de éstos para apoyar las propuestas de la oposición. La reclamación de la denominada "deuda histórica", que la oposición ha cifrado en cerca de 13.000 millones de euros, ha sido uno de los principales escollos para el acuerdo en la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat, a pesar de que todos los grupos han incluido esta reclamación de forma expresa en sus propuestas de resolución.
La propuesta del PP plantea un procedimiento que "revise el modelo de financiación, que corte la dinámica deuda-déficit, reconozca sus causas históricas y frene la peligrosa evolución de la economía valenciana". Insta al Consell a que defienda los objetivos del informe de expertos convocados por las Corts en materia de financiación, especialmente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a fin de que el nuevo modelo se articule en torno a la idea de que los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación y Bienestar Social) sean financiados íntegramente en toda España. En este sentido, se reclama que el criterio principal de este reparto sea la población de cada territorio, de modo que se deje sin efecto el 'statu quo' actual, y se insta al Consell a "seguir reivindicando ante el Gobierno de España el reconocimiento de la deuda histórica".
Esta propuesta de resolución ha sido defendida por el diputado Rubén Ibáñez, quien ha insistido en la necesidad de "decir a la ciudadanía" que se está "de acuerdo en lo básico". "De no llegar a un acuerdo -las votaciones definitivas se producirán al final de la jornada- sobre este tema capital, se oficializa el tripartito. Ustedes -a la oposición- prefieren sumar fuerza política para restar fuerza a la Comunitat", ha añadido.
A juicio de este diputado, el informe sobre financiación autonómica presentado por los expertos convocados por Les Corts "deja sin discurso" a quienes culpan del déficit y la deuda a los "grandes eventos". "Nuestra idea básica es que servicios como sanidad y educación se financien en su totalidad, como en todo el territorio español, y que el criterio de reparto sea la población de cada territorio, sin derechos adquiridos. ¿Puede explicar por qué se oponen? ¿Qué intereses ocultos hay tras ese no?", ha agregado.
En representación de los tres grupos de la oposición, ha ejercido el turno de réplica a esta propuesta el portavoz de Compromís, Enric Morera, quien ha insistido en que "sin autonomía financiera no hay autonomía política" y ha advertido al PP de que ignora la parte del citado informe de los expertos en el que habla de "una deuda ilegítima, atribuible a la golfería, de unos 2.900 millones de euros". "Tenemos un Gobierno sumiso, que no reclama; de lo contrario haría caso a (Alfonso) Rus y pediría la deuda histórica. Estamos hartos de ver cómo se aprueban resoluciones y ustedes no exigen lo que nos toca", ha afirmado.
"Hay 13.000 millones de euros esperándonos; se trata de tener un presidente que cuantifique la deuda y la reclame en Madrid, pero ustedes no son de fiar, como han demostrado al retirar la propuesta sobre el Estatuto de Autonomía del debate del Congreso y anteponer criterios de partido a los de la Comunitat", ha criticado.
La propuesta socialista en esta materia contempla, entre otros asuntos, la cesión de un mayor porcentaje de los grandes tributos a las comunidades autónomas; la de Compromís pide que la inversión prevista se adecúe tanto a la población como a la aportación valenciana al PIB estatal; y la de EU plantea una reforma fiscal que "exija más esfuerzo a quienes más tienen".
También en materia de financiación y en un turno posterior, Ignacio Blanco (EU) ha lamentado que la propuesta del PP "no hace referencia a ninguna fecha, ni a los efectos retroactivos que se pretende que tenga la nueva reforma del modelo de financiación".
Elisa Díaz (PP) ha acusado a los grupos de la oposición de "obstaculizar" un acuerdo en esta materia porque "políticamente no les compensa llegar a consensos con el PP". Sobre la deuda de la Generalitat considerada "ilegítima", Morera ha reclamado una auditoría ciudadana a las cuentas del Consell como la que, según ha asegurado, ha puesto en marcha el equipo de gobierno de Vila-real (PSPV y Compromís) y que ha motivado una "quita de deuda pública" de 680.000 euros.
Para la diputada del PP Sagrario Sánchez esta propuesta es ilegal y ha advertido de que ese Ayuntamiento pagará sus deudas e intereses o se enfrentará a un embargo. El alcalde de Vila-real y diputado socialista, José Benlloch, ha intervenido por alusiones y ha confirmado que dictó un decreto para no pagar 680.000 euros que el Consistorio adeudaba al Banco Sabadell, al dudar sobre la legalidad de esa deuda.
