"Muchos funcionarios firman lo que no tienen que firmar"

«Muchos funcionarios incumplen su responsabilidad y firman lo que no tienen que firmar. En la Generalitat hay una situación caótica de gente puesta a dedo, que trabaja a voluntad del poder. El enchufismo en un cáncer». Así de rotunda se mostró ayer en rueda de prensa Paloma Coiduras, la funcionaria que el año pasado denunció ante la Fiscalía la existencia de un presunto fraude en la gestión de los fondos europeos en la Conselleria de Agricultura. Coiduras decidió plantarse ante las presuntas irregularidades que se cometían en su área y su decisión le ha costado caro. De momento, tal como informó el pasado domingo este diario, el Consell la trasladó tres veces en un año y le ha denegado la prórroga de la comisión de servicios que le permitió trasladarse a la Generalitat. Ahora, con 60 años y su vida en Valencia, ha tenido que volver a su plaza en la Junta de Andalucía, en concreto en Almería, donde tiene plaza. Paradojas de la vida, esta ingeniera agrónoma tuvo que huir de Andalucía tras denunciar también allí irregularidades en la gestión. La cruzada de Coiduras contra las supuestas corruptelas en la gestión de las subvenciones para respaldar inversiones agrícolas ha encontrado como aliado a la Asociación Valenciana contra la Corrupción. La entidad ha decidido darle respaldo «moral» y económico, ya que asumirá sus denuncias mediante la presentación la semana que viene de una querella. La funcionaria, que en estos momentos se encuentra de baja por enfermedad, mantuvo que ha aportado a la fiscalía abundante y detallada documentación que prueba que aquellos expedientes que pasaron por su mesa estaban plagados de irregularidades. «Lo que yo denuncio es que en la Generalitat se dan subvenciones de manera improcedente. No acuso a nadie en concreto, ni sé qué delitos se podrían haber cometido porque creo que eso no me corresponde hacerlo a mí, sino a la Justicia». «Si tuviera dinero yo misma pondría la denuncia, pero como no lo tengo he acudido a esta asociación y estoy contenta del respaldo obtenido». Los hechos, que según aseguró Coiduras se están investigando también por la Oficina de Lucha contra el Fraude en la Unión Europea, habrían ocurrido entre 2008 y 2013, período de tiempo en el que la funcionaria fue testigo de excepción de esta práctica que, mantiene, es generalizada. «A veces da impresión de que todo está montado para que los funcionarios firmen lo que se les pone delante, sin cuestionar si se cumple o no la legalidad», se lamentó. El área de Agricultura es en estos momentos competencia del vicepresidente José Císcar. La primera denuncia de Coiduras se remonta a la época de gestión de la exconsellera y actual diputada, Maritina Hernández. La funcionaria precisó que su inmediato superior en la época en que denunció las irregularidades es el actual director general de Producción Agraria y Ganadería, José Miguel Ferrer. Entonces ocupaba un puesto de jefe de servicio.