Un grupo de eurodiputados vascos y catalanes anunció ayer que han trasladado a la Comisión Europea (CE) el caso de un ciudadano valenciano condenado, a su juicio, «por defender su derecho a hablar en catalán durante un control rutinario practicado por la Guardia Civil en Almassora». Mañana se celebrará una concentración en Almenara para solidarizarse con Carles Mateu Blay y ya se han recogido 3.000 firmas para pedir al Síndic de Greuges para que interceda ante la Justicia y se le retire la pena de seis meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Castelló.
Para los europarlamentarios, «estas actuaciones tanto de la Guardia Civil como especialmente de las autoridades judiciales que han firmado la condena vulneran el artículo 1 y once de la carta de derechos fundamentales de la UE», según indicó en un comunicado el gabinete de la diputada del PNV Izaskun Bilbao.
La eurodiputada vasca ha remitido una carta a la CE junto a Iñaki Irazabalbeitia (Aralar), Ramón Tremosa (CiU), Salvador Sedó (UDC) y Raül Romeva (ICV) para llamar la atención sobre la condena de seis meses impuesta a Carles Mateu Blay por la Audiencia provincial de Castellón.
Según denuncian, «el afectado fue retenido y humillado durante más de tres horas en el control de carretera» tras defender «su derecho a hablar con los agentes en catalán» y posteriormente condenado por desobediencia.
En su misiva, los eurodiputados preguntan a la Comisión si es conocedora de los hechos y si prevé tomar medidas para «salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados por estas actuaciones».
Los hechos tuvieron lugar en diciembre pasado en un control rutinario a la salida de Almassora a las 17 horas, momento en el que el denunciado se disponía a recoger a su hijo del colegio. Finalmente, se le multó por no llevar el cinturón, por haber salido del auto sin el chaleco reflectante y por haberse negado a la prueba de alcoholemia, la cual el condenado asegura que realizó y fue negativa. En primera instancia, el juez había dado la razón a C.B. respecto a la desobediencia, aunque sí que le había obligado a pagar las multas impuestas por los agentes, a pesar de que hubo una versión contradictoria de un tercer guardia civil que acudió al atestado.
Fuentes judiciales negaron que la condena haya sido por hablar en valenciano.
