El imputado en el caso Blasco y hermano del empresario encarcelado por el saqueo de los fondos de Cooperación, Arturo Tauroni, declaró ayer en el TSJ ante la juez de la causa. Tauroni, una de las personas clave de la Fundación Hemisferio, ha solicitado las comparecencias como testigos del inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que elaboró el primer informe sobre la trama de ONG y la diputada de Compromís Mireia Mollà, quien presentó la denuncia sobre el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. El imputado aseguró que el documento de la policía contiene más de una veintena de conclusiones inveraces que han inducido a los investigadores a atribuir delitos que a todas luces no son reales, según ha sabido este periódico de fuentes conocedoras del interrogatorio.
La declaración del imputado, que solo aceptó preguntas de la juez, se basó en asegurar que las pesquisas iniciales se realizaron de manera irregular, por lo que todas las actuaciones posteriores, incluidos los pinchazos de los teléfonos de los ahora imputados, estarían viciados de origen y habría que anularlos. La estrategia de tumbar las grabaciones ya ha sido utilizada por otros imputados, entre ellos el exconseller del PP y actual diputado no adscrito de las Corts, Rafael Blasco.
El imputado arremetió duramente contra el trabajo de la policía, y concretamente del inspector. Tauroni aseguró que la UDEF habría llevado a confusión a los fiscales y a las jueces al haber disfrazado datos, según las mismas fuentes. Además, aseveró que el informe policial contenía falacias que podrían determinar la nulidad de la prueba.
Sobre Mollà aseveró que en la obtención de la documentación que aportó en la denuncia inicial en un pen drive podría haber incurrido en delitos de «robo, relativos a la propiedad intelectual y tenencia de documentación robada», así como una «vulneración del derecho a la intimidad» por la lectura de correos electrónicos privados. Esta argumentación la plasmó en un escrito y la leyó ayer.
La juez anunció que resolverá sobre esta petición, pero recordó a Tauroni y a su letrado, según fuentes conocedoras del caso, que acusar a otras personas de cometer delitos sin tener pruebas puede ser en sí un delito. Y esto podría empeorar su situación.
