La Generalitat Valenciana tiene previsto "blindar" la instalación de incineradoras-plantas de valorización energética en terminología del nuevo Plan Integral de Residuos- mediante un legislación urbanística específica que en la práctica priva a los municipios de cualquier capacidad de intervención. En teoría, una vez que el Comité que coordinará a los consorcios comarcales de residuos decida sobre el número y los potenciales emplazamientos de las incineradoras, la Generalitat tiene previsto aprobar un "Plan de Valorización", acompañado probablemente de un programa de Actuación Territorial Estratégica, que establecerá una "reserva temporal" en el territorio elegido que será "vinculante" para el ordenamiento urbanístico municipal, según explicó el director general de Calidad Ambiental Vicente Tejedo, en una jornada sobre "el nuevo escenario" para los residuos organizada por Broseta Abogados.
Los emplazamientos preseleccionados tendrán también delimitada una "zona de influencia" de 500 metros a su alrededor para evitar que algún municipio autorice servicios e instalaciones incompatibles con las plantas de tratamiento.
No hay decisión adoptada sobre el número de plantas, aunque Tejedo admitió la existencia de "documentos técnicos previos" que serán puestos a disposición del Comité de Coordinación de Consorcios, un órgano en el que estarán representados ayuntamientos, presidentes de consorcios, diputaciones y la Generalitat Valenciana, llamado a intervenir también en situaciones de conflicto como las del vertedero proyectado en Llanera de Ranes.
"Tres o cuatro" incineradoras
La actual producción de rechazos en la gestión de residuos asciende a 1.200.000 toneladas y se diseñan plantas de incineración entre trescientas y cuatrocientas mil toneladas, lo que obligaría a construir 4 instalaciones. No obstante, Tejedo dijo que se podían diseñar plantas más pequeñas para "aproximar" la gestión del residuo al lugar donde se genera.
El director general negó que la conselleria disponga ya de ofertas para financiar y construir estas incineradoras a cambio de concesiones a largo plazo, en un modelo similar al de las autopistas, y reiteró que son "los consorcios" quien tienen que "decidir y adjudicar". "Otra cosa es que decidan delegar en la Generalitat", explicó ante un público entre el que se encontraban los principales agentes y empresas implicadas en la gestión de residuos.
Vicente Tejedo aseguró que el Plan de Valorización de Residuos y la decisión sobre los emplazamientos debería estar "antes" de que acabe la actual legislatura.
"La valorización energética de los residuos que ya han recibido un tratamiento en las plantas convencionales es la solución más ecológica y económica en materia de gestión de residuos", aseguró en su intervención el Secretario Autonómico de la conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui.
Según datos oficiales, la "valorización" de los residuos que actualmente acaban en vertederos de la Comunitat Valenciana podría generar 550 millones de kw/hora de electricidad y 1.400 kw/hora de calor, suficiente para abastecer a 255.000 familias.
Expertos de Broseta Abogados hicieron hincapié en la necesidad de un "marco estable" y una "seguridad jurídica" como requisitos esenciales para poder acceder a la financiación de estas infraestructuras.
