La rebaja fiscal prometida por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el pasado martes en los casos de refinanciación de créditos hipotecarios es una novedad a medias. En realidad, tanto el Consell como otros gobiernos autonómicos deberían estar aplicando esta exención desde hace al menos cuatro meses en base a una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central dictada el pasado mes de mayo. El fallo de este organismo -que se encarga de dirimir conflictos en materia tributaria y cuya doctrina vincula a los tribunales económico-administrativos regionales- recoge la exención fiscal en el impuesto de actos jurídicos documentados cuando un particular o una empresa necesita novar un crédito hipotecario. Hasta ahora y en aplicación de la ley de de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios de 1994 los particulares estaban exentos de pagar impuestos por las escrituras públicas cuando modificaban su préstamo hipotecario, bien para beneficiarse de los tipos de interés, bien para ampliar los plazos. Sin embargo, esta bonificación fiscal que afecta al impuesto de Actos Jurídicos Documentados (tributo cedido a la Generalitat) sólo se aplicaba a los préstamos, pero no a los créditos. El pasado lunes, en el Debate de Política General, Fabra anunció seis ventajas fiscales; una de ellas, fue la relativa a bonificar con el cien por cien el impuesto de actos jurídicos "para que las empresas que quieran refinanciar sus deudas, modificando el tipo de interés o los plazos de sus créditos hipotecarios, no paguen un euro por este tributo". En su turno de réplica, Fabra aclaró que este beneficio fiscal también se extendería a los particulares. En realidad, la mayoría de los particulares cuando compran una vivienda piden un préstamo hipotecario y no un crédito, un producto bancario distinto más común en los negocios. Con la medida, el Consell no hace sino comprometerse a incluir en sus leyes una exención a la que tarde o temprano hubieran tenido que asumir.

El paquete de ventajas fiscales supone para el Consell un respiro tras dos años de recortes y subidas de impuestos. El anuncio, que según las fuentes consultadas no fue pactado con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, es en principio un desafío al Gobierno central dada la situación de asfixia de unas arcas autonómicas que precisan de la respiración asistida de Madrid. Otros barones regionales, como el presidente de Madrid, Ignacio González, han iniciado bajadas de impuestos mucho más agresivas y ya se han llevado el reproche de Montoro. Las bonificaciones fiscales de Fabra tienen en principio un impacto más reducido y su impacto sobre el presupuesto no se verá hasta 2015. Las deducciones anunciadas se aplicarán en la declaración de la renta de 2014. Fabra, que no ha pudo ir a su segundo debate de política general, con un compromiso concreto sobre revisión del sistema de financiación, improvisó por la vía de los tributos un tipo de anuncio que siempre es un valor seguro para el electorado. La Conselleria de Hacienda, que acababa de subir los impuestos en agosto, tuvo escaso margen para reaccionar.

El vicepresidente del Consell, José Císcar, adelantó ayer en declaraciones a Ràdio 9 que el ahorro del Consell por las rebajas fiscales alcanzará los 150 millones en dos o tres años. Algunos expertos, sin embargo, creen excesiva esta cifra y estiman 5 millones al año.