Los equipos «ROCA» de la Guardia Civil han iniciado su proceso de implantación en la Comunitat Valenciana con una dotación de 45 agentes distribuidos territorialmente en 12 compañías del instituto armado asignadas a las Comandancias de Valencia (7), Alicante (2) y Castelló (3).

La misión de estos equipos especializados será investigar y recoger la información necesaria para detener y entregar en los juzgados a los autores de los delitos vinculados a la actividad agrícola y ganadera. La disuasión por presencia física de agentes uniformados en áreas rurales no aumentará, aunque según fuentes oficiales 1.000 patrullas de la Guardia Civil baten el territorio valenciano «todos los días».

Los agentes asignados a este servicio podrán actuar de paisano o de uniforme y su éxito dependerá, según expresaron ayer abiertamente los mandos de la Guardia Civil, de la «cooperación» e «interlocución» con agricultores, ganaderos y las organizaciones profesionales y sindicales que les representan.

Los 45 agentes de los grupos «ROCA», oficiales al mando, alcaldes de municipios afectados por los robos y representantes de las organizaciones agrarias fueron convocados ayer en Valencia por el el general jefe de la VI zona de la Guardia Civil, Fernando Santafé, que junto a la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y responsables del operaciones del instituto expusieron los pormenores de las medidas para «reactivar» el Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas.

Pese a la lectura positiva de las cifras de detenidos y delitos denunciados que hizo la delegada, hubo también algo de autocrítica entre los responsables de la Guardia Civil, «comprometida» a recuperar la confianza de los agricultores, que muchas veces no denuncian porque no esperan resultados.

«Es difícil investigar estos delitos: Hay mucho territorio, faltan testigos y hasta faltan denuncias». dijeron los mandos, que pidieron a los agricultores que informen ante cualquier sospecha en el 062.

Existen grupos organizados difíciles de identificar. En la Vall d’ Uixó hubo 100 robos de cobre en pozos en seis meses ante las narices de los agentes. Cuando se detuvo a los responsables se descubrió que se movían de noche y en bicicletas desde una comarca vecina.

Representantes de las organizaciones agrarias insistieron en «erradicar» los circuitos que hacen posible la receptación de la mercancía robada y su comercialización en mercadillos. Esperan que el programa «DATA», que ayuda a conocer el origen de la fruta, y la guía «Conduce», que controla el transporte, ayuden a la Guardia Civil a combatir el delito

Desconfianza en la prevista reforma del Código Penal

Los representantes de las organizaciones agrarias agradecieron a la delegada Paula Sánchez de León el compromiso del Gobierno y de la Guardia Civil— «Entre todos hemos hecho visible la existencia de un problema», dijo Enrique Bellés- pero dudan que la anunciada reforma del Código Penal sea eficaz si el castigo llega en función del valor económico que se otorga a lo robado. «A veces nos devuelven la fruta, pero ya no vale. Esta deteriorada, ha perdido la trazabilidad y no se puede comercializar: su valor es cero», dijeron. La sensación de inseguridad ha calado entre los agricultores. Carmen González, de COAG contó que ha sido robada 11 veces en una propiedad y 9 veces en otra. «Un día me fui a dormir con 12.500 kilos de caqui en los árboles y al día siguiente no estaban». El malestar es enorme. Representantes de Asaja admitieron que algunas zonas de Castellón se han creado «somatenes» cuya existencia repudian aunque la explican por la «indefensión» de los afectados. j. s. valencia.