Ya no es cuestión siquiera del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es que la Unión Europea no permitiría a Madrid el pago de la deuda histórica a la C. Valenciana y a otras autonomías que también están mal financiadas. El vicepresidente del Consell, José Císcar, ofreció ayer un argumento inédito para justificar la negativa del PP a poner fecha a la exigencia al Ejecutivo central del abono de la deuda histórica, una discrepancia con la oposición que impidió consensuar en las Corts una resolución conjunta de todos los partidos para reclamar a Madrid la mejora de la financiación, tal como habían logrado los expertos nombrados por todos los partidos. Aunque el fracaso del pacto político está decidido desde el momento en que populares se negaron a poner por escrito que lo votado en Valencia se mantendrá en el Congreso con todas las consecuencias, incluido, si es preciso, la ruptura de la disciplina de voto de los diputados nacionales valencianos del PP.

A preguntas de los periodistas tras el pleno del Consell, José Císcar mantuvo que la Unión Europea, que controla «de manera severa» el déficit y la deuda de los distintos países, no entendería que el Gobierno español asumiera «en estos momentos, el pago de las deudas históricas» de las comunidades autónomas. De este modo, elevó la responsabilidad a las instancias europeas, donde la triunfante Angela Merkel marca el programa de recortes. La oposición reclama para rubricar un pacto político, amén de las garantías políticas de la defensa del acuerdo en Madrid, que se pida al Ejecutivo el abono de la deuda histórica desde 2014. El PP acepta que se incluya petición y fijación de los «mecanismos para la liquidación», pero sin fechas. Para el vicepresidente, plantear fechas concretas para que Madrid empiece a pagar esa deuda histórica es «irrealizable» debido a la situación económica y financiera en la que se encuentra el país. Para justificar la inviabilidad de la demanda, Císcar aludió a que otras comunidades también tienen deuda histórica, ya que, dijo, la C. Valenciana no es la única que se ve discriminada por el actual sistema de financiación. La Generalitat ha dejado de ingresar 11.000 millones desde 2002 al no contar con una financiación por habitante como la media, cifra que se eleva a 13.449 millones con la carga financiera generada.

Císcar defendió que para el Consell es «irrenunciable» que el nuevo modelo de financiación tenga efecto desde el 1 de enero de 2014, como también lo es el cobro de la deuda histórica, pero abogó por buscar, junto con el Gobierno, mecanismos de liquidación que lo hagan posible. Según dijo, el Consell «ya tiene el pacto con la sociedad» y «ya se entiende con los empresarios», que están demandando el acuerdo político, por lo que «el problema son los grupos de la oposición», que plantean cuestiones «descabelladas» e «inasumibles para el Estado».

Madrid ya ha dicho que no

En ese sentido, recalcó que, cuando el Consell dice que es «de imposible cumplimiento» cobrar la deuda en enero de 2014, es porque «estas cosas se han hablado» con el Gobierno central. Pero, en su opinión, a la oposición lo único que le interesa es «derrocar» al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Fue la respuesta al líder socialista, Ximo Puig, que ayer propuso un «gran pacto social» de los partidos y agentes sociales para reivindicar la mejora de los fondos a Madrid.

El titular de Presidencia indicó que, con todo, el Consell y el grupo popular van «a pelear» por alcanzar un consenso en las Corts porque la materia es «tan importante» que hay que «ir de la mano». En ese sentido, sostuvo que la proposición no de ley del PP es «un punto de partida importante». Para Císcar, el consenso debe producirse en el seno las Corts para elevarlo a Madrid como una sola voz, en lugar del acuerdo entre partidos que lanzó ayer Ximo Puig.

Evita comprometerse a enmendar

Císcar también se mostró convencido de que va a haber más inversiones para la C. Valenciana en los próximos Presupuestos Generales del Estado. No obstante, evitó responder sobre si, en caso contrario, el Consell impulsará enmiendas, como el año pasado, que no fueron asumidas por Moncloa.