La Ciudad de la Justicia de Castelló acoge desde este miércoles el desenlace del serial del «caso Fabra». La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará hasta el 30 de octubre al expresidente de la Diputación de Castelló y del PP provincial, Carlos Fabra, acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales. El proceso se prolongará durante todo el mes y está prevista la declaración de 70 testigos, entre los que figuran primeros espadas del PP nacional.
Con Carlos Fabra -para quien el fiscal Anticorrupción pide pena de cárcel de 13 años, multa de 1.980.000 euros y una indemnización a Hacienda de 693.000 euros- se sentarán en el banquillo su exmujer, María de los Desamparados Fernández (acusada de tres delitos fiscales); el empresario Vicente Vilar (cohecho); la exesposa de Vilar, Montserrat Vives (cohecho); y el exparlamentario nacional del PP Miguel Prim (tráfico de influencias). Los cinco acusados serán interrogados en las sesiones programadas este miércoles, el jueves y el viernes.
La magnitud del juicio no tiene precedentes en la historia reciente provincial. Ello ha obligado a reforzar la Audiencia de Castelló con dos magistrados para no paralizar la actividad de la Sección Primera. Dado el elevado número de pruebas solicitadas, ha habido que programar 12 sesiones, cinco de ellas para que declaren, en tandas de 15, los 70 testigos. La expectación que ha despertado el caso es máxima. Prueba de ello es que se han acreditado 150 profesionales de 30 medios de comunicación. Para ellos se va a habilitar una sala anexa a la que acogerá el juicio.
El tribunal que juzgará a Carlos Fabra estará integrada por los magistrados Esteban Solaz, Pedro Luis Garrido y Aurora de Diego, todo ellos adscritos a la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Solaz, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), presidirá la sala por ser el de más antigüedad. Los tres jueces son los que quedaban en la Sección Primera después de que el presidente, Carlos Domínguez, se apartara voluntariamente del caso por su «trato cordial y afable» con Carlos Fabra.
Las acusaciones recaen en la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores (UCE). Esta última estará representada por un abogado nuevo en la causa, el concejal socialista de Altura Francisco Manuel de Antonio, cuyo predecesor, Virgilio Latorre, se marchó porque no le pagaban.
Por su parte, Carlos Fabra, contará con la ayuda de Javier Boix, uno de los abogados penalistas de más prestigio en la esfera autonómica y especialista en defender a políticos en apuros, como demostró en el juicio a Francisco Camps en el caso de los trajes. En el lado opuesto se sitúa Vicente Vilar, quien cumple pena de diez años de cárcel en Albocàsser por violar a su exmujer y que acudirá asistido por un abogado de oficio.
Qué se juzga
El proceso judicial dirimirá si hubo cohecho y tráfico de influencias en las gestiones que realizó Carlos Fabra (supuestamente a cambio de comisiones) en favor de los productos fitosanitarios que producía el empresario químico Vicente Vilar en la empresa Naranjax de Artana.
Las partes coinciden en que la causa por la que Fabra tiene más posibilidades de ser condenado es la de fraude fiscal. Al expresidente del PP se le acusa de haber defraudado a Hacienda casi 700.000 euros en cuatro ejercicios, en el periodo comprendido entre 1999 y 2003. De ahí los esfuerzos del abogado de Fabra durante la instrucción por demostrar que están prescritos. De hecho, estuvo a punto de lograr el archivo de cuatro de los cinco delitos fiscales del caso, aunque el Tribunal Supremo reabrió las causas.
El juez instructor de Nules, Jacobo Pin, relató en un auto cómo fueron las mediaciones de Carlos Fabra.Según explicó, Naranjax tenía varios productos pendientes de autorización por parte de los ministerios de Agricultura y Sanidad. Así que su propietario, Vicente Vilar, contactó con Fabra, aprovechando la amistad de sus respectivas exmujeres. El político «accedió» a interesarse por la situación de los fitosanitarios «y a mediar ante autoridades y funcionarios públicos» de las Cortes Generales y de los ministerios, haciendo valer su cargo en la diputación. Según el juez, Fabra ocultó a Hacienda parte de las ganancias obtenidas con los fitosanitarios de Vilar.
