El empresario Tauroni niega que fuera amigo de Rafael Blasco

Estos son dos de los principales argumentos que expone Tauroni en su escrito de defensa remitido al tribunal valenciano, en la primera pieza del 'caso Cooperación', relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, en la que hay nueve acusados: Blasco; Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

El plazo para presentar los escritos de defensa --después de que en junio lo hicieran las acusaciones particulares y populares-- concluía este lunes, tal y como dictó el TSJCV el pasado 9 de septiembre, aunque el plazo real se extiende hasta el mediodía de este martes.

En su escrito, Tauroni se defiende de los delitos de falsedad, malversación y fraude de subvenciones de los que está acusado, según ha podido saber Europa Press. Al respecto, según argumentaban las acusaciones, el empresario utilizó la relación de amistad que mantenía con Blasco --extremo que siempre ha negado-- y habría propuesto a Marcial López, de Fundación Cyes, presentarse a las convocatorias de Solidaridad a cambio de obtener un 25 por ciento de cada una de las subvenciones que obtuviera. Para ello, las acusaciones mantienen que el empresario habría utilizado la mercantil Gestiones e Iniciativas Arcmed S.L., sociedad adquirida en octubre de 2007.

Sobre estos extremos, Augusto César Tauroni alega que la relación mantenida entre Arcmed --entidad de la que poseía todas las participaciones-- con Fundación Cyes fue "estrictamente" mercantil, ya que se encargaba de realizarle informes "reales y ejecutados", por los que luego cobraba lo convenido.

Así, respecto al argumento de que lo facturado por Arcmed a la fundación era "desorbitado", defiende que pactar una mayor o menor cantidad es una opción puramente comercial y que esto no puede ser tildado de responsabilidad penal por cuanto obedece a trabajos "efectivamente ejecutados". En esta línea, insiste en que los informes facturados se hicieron, con lo que no se puede hablar de facturas falsas.

En cuanto al delito de malversación, el empresario argumenta que el Tribunal de Cuentas le exoneró de responsabilidad contable, según un informe del pasado 25 de julio, en el que se determinaba que él era un extraño en el manejo de los fondos públicos y, por tanto, no tenía responsabilidad ante este órgano de ningún tipo. Esto, tal y como indica, supone que no puede haber cometido el delito de malversación de caudales públicos, puesto que para ello debería haber tenido la condición de autoridad o funcionario.

Conversaciones "justificadas"

Otro apartado de su escrito se dirige a la supuesta relación de amistad con Rafael Blasco. Al respecto, expone que toda relación --que no de amistad-- entre él y el exconseller y actual diputado no adscrito surge a partir de las noticias que saltaron en los medios de comunicación sobre este procedimiento. Anteriormente no existía ningún tipo de relación, insiste. Con las noticias publicadas comenzaron algunas comunicaciones o conversaciones "justificadas" por interés de ambas partes en aclarar la situación, según mantiene.

Por otro lado, en su escrito también se pronuncia sobre las dos subvenciones otorgadas a la fundación en agosto de 2008 por valor de 1.666.819,86 euros para dos proyectos: Abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso, en Nicaragua; y Producción de alimentos con enfoque de 'soberanía alimentaria' en Nicaragua. Del total del dinero aportado, la fundación compró tres inmuebles y una plaza de aparcamiento, con lo que únicamente se transfirió a Nicaragua 43.000 euros, es decir, el 2,5 por ciento del total de las subvenciones.

Sobre estas afirmaciones, Tauroni alega que los proyectos en sí eran susceptibles de ser subvencionados, de forma que la adquisición de los inmuebles es una posibilidad prevista en la ley para poder ser objeto de subvención, según expone. También recuerda que en ese momento no hubo ninguna queja ni de la Comisión Técnica de la Conselleria ni de los evaluadores.

Para Tauroni las acusaciones solicitan diferentes penas. La más alta es la reclamada por el PSPV, que asciende a 15 años de prisión y una multa de cinco millones de euros; seguida por la de Fiscalía, quien le pide 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y 21.600 euros de multa; y, por último, la Abogacía de la Generalitat, que le reclama ocho años de prisión y 18 de inhabilitación.