Fiscalía ha solicitado la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por "irregularidades" en el procedimiento y al entender que comete un trato "discriminatorio" entre los diferentes trabajadores. "Se han vulnerado los derechos fundamentales", ha insistido.
El fiscal se ha pronunciado en estos términos en el turno de conclusiones durante el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el ERE en RTVV, y que ha quedado visto para sentencia.
El ministerio público ha pedido la nulidad del ERE por "irregularidades" en el procedimiento y posible vulneración de derechos fundamentales. Así, entiende que se ha producido "una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados" y todo ello "con criterios subjetivos". Así, "se desprende discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial". "Hay trato discriminatorio", ha aseverado.
Asimismo, se ha referido a los informes elaborado por PriceWhaterhouse y ha afirmado que cuando se presentó en el año 2012, una vez iniciado el periodo de consulta, "faltaba el apartado principal, que era el coste de externalización", algo que se entregó días tras el requerimiento de los representantes de los trabajadores y de la autoridad laboral.
Por su parte, el abogado de RTVV, Fernando Crespo, ha afirmado que duda de que en muchos procedimientos "se haya adoptado tantas cautelas" como en éste, en el que, según ha resaltado, "se ha cumplido plenamente con lo previsto en la ley". Crespo, quien ha reiterado que se puede hacer una televisión "eficiente" con 676 personas --el ERE afectó inicialmente a 1.198 trabajadores--, ha señalado que se han cumplido los principios de igualdad, mérito y capacidad al valorarse en los criterios de selección la titulación de los empleados, el absentismo, la capacitación para el trabajo o la baremación de los títulos de cada uno.
En este sentido, ha subrayado que el procedimiento "ha pretendido ser sumamente cauteloso" y no se excluyeron las excedencias familiares o forzosas y el absentismo se aplicó "exclusivamente" conforme a lo previsto en la ley del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, respecto a la oposición, ha indicado que aplicar este criterio "hubiera significado privar de la oportunidad de mantener su puesto a aquellos trabajadores que estaban en la empresa desde 2003, desde que se sacaron las últimas oposiciones".
Por otro lado, ha insistido en la causa económica para ejecutar el ERE, "que no ha sido desacreditada en ninguna de las pruebas", conforme a las cuentas anuales, las auditadas y las del año 2012, que "ponen de manifiesto que la situación negativa se ha seguido produciendo en las tres entidades y en el grupo sin distinción. La empresa era inviable", ha puntualizado.
Sobre este aspecto también ha aclarado que "no es cierto que el endeudamiento esté en la Generalitat, si no en el ente que está en liquidación, porque los bancos no aceptan la subrogación en los préstamos".
Además, Crespo ha indicado, respecto al tema económico, que aunque se trate del sector público, "el papel no lo aguanta todo". "El dinero no se inventa, procede de algún lado y es un bien escaso que hay que gestionar bajo el principio de eficacia", ha apostillado.
El letrado, quien ha matizado que se respetaron "escrupulosamente" los protocolos de seguridad en materia de datos personales, ha expuesto también que "se cumplió" con el periodo de consultas y ha indicado que en este tiempo la empresa "siempre se ha mostrado dispuesta a negociar".
Sin embargo, ha lamentado que los sindicatos "daban propuestas sin reflexionar y posiciones tan alejadas que era imposible llegar a aceptarlas". "Todos --sindicatos-- eran conocedores de que no había capacidad de margen por parte de la empresa y hubo intención de dilatar el proceso".
DESCENSO DE VOLUMEN DE NEGOCIO
Por otro lado, el letrado de la Generalitat ha defendido, respecto a las cuentas, que "los números insisten siempre en lo mismo: descenso de volumen de negocio en los últimos años que hace que si la plantilla se mantiene igual, los costes nos desbordan". "Hablamos de dinero público y evidentemente hay que buscar la eficiencia", ha subrayado.
Por su parte, el abogado de la sociedad también ha defendido que no se ha viciado el proceso, que la plantilla estaba sobredimensionada, y que se han aplicado correctamente los criterios de selección. También ha criticado duramente a uno de los ex directores generales de RTVV Alejandro Reig y ha puesto en duda su "credibilidad". Ha afirmado que éste le ha dejado "descolocado" porque no sabe "qué hace aquí si solo estuvo tres meses trabajando" y que nunca ha pertenecido al sector audiovisual.
