Presidencia de la Generalitat está valorando seriamente la opción de echar el cierre a RTVV si se cumplen los peores pronósticos del Ejecutivo valenciano y se declara la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Los servicios jurídicos de la Generalitat se preparan para estudiar a fondo los fundamentos jurídicos de la sentencia que podría estar lista en menos de dos semanas. Si finalmente el tribunal se decanta por la petición del fiscal y considera nulos los despidos, la posibilidad de liquidar Radiotelevisión Valenciana está encima de la mesa del presidente Alberto Fabra. De hecho, el Consell, que hace un tiempo tenía claro que recurriría la sentencia, está reconsiderando esta decisión. Fuentes del Consell consultadas por este diario admitieron su preocupación por la sentencia y el temor a que la justicia tumbe el proceso de despidos. La decisión de la directora general de RTVV, Rosa Vidal, de salvar a 186 técnicos podría, según opinan desde el Consell, decantar la decisión judicial a favor de los sindicatos y trabajadores; un revés para el Consell de consecuencias incalculables ya que tendría que readmitir a los más de mil empleados despedidos.

El Consell quiere estudiar de forma minuciosa los fundamentos jurídicos del fallo ya que, en el escenario de una nulidad, la estrategia de recurrir al Tribunal Supremo podria ser contraproducente. Si no hay resquicio para recurrir, pero aún así se hace, el Ejecutivo podría encontrarse con una sentencia firme en plena precampaña electoral. Ante un callejón jurídico sin salida, la opción de cerrar RTVV se está valorando. Fabra ha hecho algunas consultas en este sentido. Desde el inicio del proceso, el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha dejado claro que la Generalitat no podía seguir asumiendo una televisión autonómica con un capítulo1 tan elevado y que era imprescindible adelgazar la plantilla. Si los tribunales obligan a la readmisión del personal, el problema sería mayúsculo. Con todo, en los últimos tiempos el Consell ha tratado de matizar sus declaraciones sobre la viabilidad del ente público.

Junto al argumento económico, hay otras claves de tipo político que Presidencia está teniendo en cuenta en su análisis. No hay que olvidar que las cuentas públicas de la Generalitat están prácticamente intervenidas por Madrid, donde no hay sensibilidad hacia cuestiones identitarias. Ya en su momento, Génova marcó el criterio general de que las televisiones autonómicas eran prescindibles y, en cierto modo, forzó el hachazo en Canal 9. Ahora bien, es evidente que la televisión autonómica es un arma política clave para el PP y hay razones electorales de sobra para mantenerla abierta. Ayer, el número dos del PP, Serafín Castellano dejó muy clara su posición: "RTVV ni debe, ni puede desaparecer; tiene que existir sí o sí". Recordó que "RTVV defiende lo nuestro, la señas de identidad y el hecho diferencial como la lengua y la tradición, por lo que es fundamental su existencia".