«Tomás Llorens, exdirector del IVAM y del Museo Reina Sofía y conservador jefe de la colección Thyssen; Francisco Calvo Serraller, catedrático de Historia de Arte y exdirector del Museo del Prado; Ángel Kalenberg, exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo; y Felipe Garín, catedrático de Historia del Arte y exdirector del Museo del Prado». El secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, citó ayer en las Corts con sus nombres, y los méritos que los adornan, a las personalidades del mundo del arte, miembros del consejo rector del IVAM «por libre designación», que «informaron» la compra, por 440.000 euros, de 61 fotografías al galerista Gao Ping, presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada en la «Operación Emperador» y actualmente en prisión.

«Estos señores son los que avalaron con su 'expertise' [conocimiento] científica la adquisición; son los protagonistas y nosotros, como ustedes antes, nos hemos sometido a su criterio», enfatizó Ripoll como prueba de la «fiabilidad» de la operación. El alto cargo pasó así la 'patata caliente' del 'escándalo Gao Ping' a las autoridades artísticas que emitieron «un informe de conformidad sobre la idoneidad de la compra realizada, procedimiento, precio y el vendedor». Una operación en la que, según la oposición, «se pagó por las fotografías dos, tres, cuatro y hasta cinco veces más de su precio de mercado», según el socialista Juan Soto.

Ripoll sacó así del foco a la directora del IVAM, Consuelo Císcar, a la que la oposición reclamó la destitución aun en el simple caso de que hubiera sido víctima de «un engaño», sostuvo Lluís Torró (EU). Soto denunció que la compra de fotografías «al presunto jefe de la mafia China en España» es «un campo de minas plagado de gravísimas irregularidades, ilegalidades y favoritismo». Y recordó que además del precio se gastaron 180.000 euros en exhibir las obras en Valencia «en un negocio entre dos hermanos», en referencia a que el comisario de esa muestra «es hermano» del abogado que asesoró a Ping en la venta, y otros 57.000 euros en exponerlas en Pekín. «Aún no han explicado por qué y a cambio de qué se hizo», remató, mientras Josep Maria Pañella (Compromís) aludió a «intereses familiares» en la operación.

El control, solo «administrativo»

Ripoll explicó que la propuesta de adquisición fue «sometida» a la comisión de adquisición del IVAM, de la que forma parte Ciscar y «a la que asistió Tomás Llorens como experto», que dio su «parecer favorable» en enero de 2008, y en marzo, el consejo rector del instituto la aprobó «por unanimidad» con el informe de Llorens, Calvo, Kalenberg y Garín, y con la asistencia de Román de la Calle. Según recalcó, este es el «mismo procedimiento» que se sigue desde los 90. Ante las sospechas de la oposición, el alto cargo se defendió: «Lo que el Consell tiene que controlar», dijo, es «que ese procedimiento administrativo ha sido conforme a derecho, se ha cumplimentado en todas sus fases y ha sido transparente».