En una sesión de apenas dos horas, sin derecho a que los grupos parlamentarios presenten enmiendas y obviando el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, el órgano que vela por la legalidad de las decisiones del Gobierno valenciano. El Consell anunció el martes el cierre de Canal 9 tras conocer la sentencia del TSJ por el que se declaró nulo el ERE de Canal 9 y le obligó a readmitir al millar de empleados afectados. Sin embargo, la liquidación se ejecutará a través del grupo popular de las Corts. El PP presentó ayer en la Cámara una proposición de ley de «supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana, SAU».
El texto indica que, «dada la naturaleza y simplicidad de formulación» de la iniciativa, se solicita a la Mesa de las Corts su tramitación «por lectura única». La maniobra no es baladí. De un lado, la proposición de ley esquiva el análisis del Jurídic „que se pronuncia sobre los proyecto de ley del Consell pero no sobre las iniciativas legislativas que presenten los grupos„, con lo que se eluden las pegas legales que pudieran plantear el organismo, al tiempo que se acelera la tramitación de la norma, ya que no hay que esperar su pronunciamiento. Tampoco habrá que presentar una memoria económica sobre su coste.
La lectura única reduce al mínimo el debate en las Corts. El vicepresidente del Consell, José Císcar, no quiso ayer dar plazos sobre cuándo se tratará esta norma o se hará el fundido en negro de Canal 9, pero fuentes populares señalaron que, una vez la Mesa de las Corts la tramite el próximo martes, la iniciativa irá al pleno del día 27. Antes, el Ejecutivo emitirá su criterio al respecto. En esa sesión, se debatirá y votará, primero, la lectura única y, después, la propuesta. No hay derecho a enmiendas, por lo que se esquiva el debate en comisión. El pleno se pronunciará si asume la totalidad de la ley o la rechaza.
Ayer, Císcar justificó la fórmula de la proposición de ley por lectura única por ser «la mejor fórmula» y la «más breve» en su tramitación. Y sobre la imposibilidad de presentar enmiendas, defendió que este formato, no obstante, «admite todo tipo de debate y proposiciones». A preguntas de los periodistas tras el pleno del Consell, el vicepresidente argumentó que, «al final, quien va a tomar la decisión es el órgano que tiene las competencias para este tipo de decisiones, que son las Corts».
Dos plenos para tomar el mando
Aseguró que, al precisarse el criterio del Consell, dispondrán de informe de la Abogacía de la Generalitat que, dijo, también ha validado que los nuevos consejeros designados el jueves por el Ejecutivo para recuperar el control de RTVV (después de que los vocales de la oposición se hicieran con el mando tras la dimisión de Vidal y de cuatro consejeros populares), cumplen con el perfil exigido en la ley. Ésta impone a los vocales de RTVV una «reconocida competencia profesional o empresarial, y que hayan desempeñado durante un plazo no inferior a cinco años funciones en órganos de administración, alta dirección, control o asesoramiento, o funciones de similar responsabilidad tanto en entidades públicas o privadas, o tengan relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, cultura, función docente o investigadora». «No son requisitos acumulativos, basta con uno», dijo.
También detalló la rocambolesca operación por la que el Consell se hizo con el control de RTVV mediante un decreto ley: El Ejecutivo se reunió, primero, a las 13.30 horas, y otra vez, a las 17.30 horas. Una sesión a la que faltaron «pocos» consellers y, dijo, se cumplió el quórum.
