La transición que diseñó el Consell para pasar del antiguo ente público de Radiotelevisió Valenciana a la que debía ser flamante nueva sociedad mercantil de RTVV limpia de deudas y con una plantilla redimensionada „con el cambio de imagen corporativa y de denominación del canal, ahora «Nou», como emblema„ tendrá ahora consecuencias funestas para el erario público. Y es que el Gobierno valenciano deberá abonar a los 1.700 trabajadores (los más del millar readmitidos tras la sentencia del TSJ que declaró nulo el ERE y los 600 que siguieron en la nueva RTVV) 45 días por año conforme a la anterior legislación laboral. Lo desveló ayer el vicepresidente y titular de Presidencia, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al Ejecutivo, una comparecencia de hora y media en la que la práctica totalidad de las preguntas giraron en torno a la liquidación de Canal 9 decidida por el Consell tras conocer el martes el citado fallo. Según explicó Císcar, el ERE acometido por el extinto ente público aún en proceso de liquidación para trasladar a la futura RTVV, Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), una televisión saneada y viable, tenía una «causa económica», la deuda «insostenible» que arrastraba de 1.300 millones, por lo que la nueva RTVV «está limpia de deudas, con lo que no tenemos una causa económica» para proceder a un ERE de extinción.
De este modo, el Ejecutivo deberá abonar al millar de empleados despedidos hace un año la diferencia entre lo que percibieron (22 días, conforme a la reforma laboral) y los 45 días por año que corresponden a lo que es un cierre patronal. Hacienda, señaló el portavoz del Consell, ha calculado que eso supondrá pagar unos 30 millones en indemnizaciones pendientes al personal. A eso se añade los 45 días que habrá que abonar al resto de la plantilla, lo que representará otros 30 millones, más unos 10 millones en salarios de tramitación. En total, alrededor de 70 millones. Del total, unos 45 son el sobrecoste derivado del modelo elegido por el Consell para montar la nueva RTVV, que comenzó a funcionar en la primavera pasada. Un lastre que se añadirá a la asunción por el Consell de la citada deuda de RTVV.
Esta situación, de paso, ha impedido, según Císcar, la posibilidad de negociar un nuevo ERE para los próximos meses y salvar RTVV. «No hay motivo porque no existen las causas. Lo que no vamos es a dejar pasar el tiempo para crear deudas y generar un motivo económico; eso podría ser un delito», señaló.
Sobre una posible reconsideración de la decisión, Císcar señaló que le han «dado muchas vueltas» tras la sentencia del TSJ, para descartar finalmente cualquier opción que no sea el cierre y liquidación de Canal 9 al insistir en que una RTVV con 1.700 trabajadores es inasumible. El Consell, reiteró, no recurrirá la sentencia, por lo que sólo cabe la readmisión ahora del millar de empleados, una vez que el fallo del TSJ adquiera firmeza, lo que se cumplirá el miércoles de la semana próxima. Entre los empleados afectados por el ERE se extendió ayer la idea de que ese miércoles deberán presentarse al centro de Burjassot pero desde el Consell se apuntó que deben ir al juzgado a solicitar la reincorporación. Los 1.700 empleados permanecerán en la televisión hasta que se proceda al cierre, previsto por el PP a finales de mes.
Vía modificación presupuestaria
El Ejecutivo asumirá el coste del cierre a través de los Presupuestos de 2014, en tramitación en las Corts, pero no lo hará ahora vía enmienda sino a través de una futura modificación presupuestaria. La liquidación comportará la venta de activos de Canal 9, entre ellos, el citado edificio de Burjassot, valorado en 32 millones, y el patrimonio documental. Al respecto, Císcar garantizó que el Ejecutivo protegerá esos fondos, que seguirán siendo públicos, así como la infraestructura de transporte de la señal que utilicen también otros medios para no resultar «perjudicados».
El vicepresidente descartó «rotundamente» la privatización de RTVV, así como la posibilidad de montar otra televisión pública de menor tamaño, pero apuntó que todavía no se han estudiado otras posibilidades como recurrir a conciertos con televisiones para cubrir el servicio público que ejercía RTVV o alquilar sus frecuencias. Inquirido al respecto, Císcar indicó que desconoce «el Plan de Comunicación Institucional» que puedan «aprobar en el futuro». «Se descartó rotundamente la privatización y no se ha pensado en nada más, de momento», dijo. Sobre los registros del jueves al personal al abandonar el centro de Burjassot, admitió que «a lo mejor» hubo «un exceso por prudencia o por ser muy rigurosos» que atribuyó a los liquidadores del ente público RTVV, que eran los representantes legales de la junta general, en un momento «transitorio» en que no había más órganos de gobierno.
