Lo confesaba el vicepresidente del Consell, José Císcar, el pasado viernes: "Desde que se anunció la nulidad del ERE de RTVV, los servicios jurídicos de la Generalitat han estado prácticamente encerrados buscando una solución al problema". Muchas y muy diferentes han sido sus tareas desde entonces. Una de ellas, determinar la fórmula correcta para despedir a los 1.700 trabajadores que Radiotelevisión Valenciana tendrá que asumir con la ejecución de la sentencia del TSJCV. Si en un principio el conseller de Presidencia anunció que se llevaría a cabo el despido pagando 45 días por año trabajado, ayer fuentes de la Generalitat consultadas por este periódico apuntaban que ésta era la opción de máximos, pero que en realidad esperaban que se abriera un proceso de negociación con los trabajadores. El Consell ha puesto a funcionar la calculadora y está buscando una fórmula que le permita reducir el coste de liquidación de RTVV, que el viernes la conselleria de Hacienda estimaba en 70 millones de euros. Se trata de cálculos hechos sobre la premisa del despido improcedente ya que, como trasladó el propio Císcar, la nueva mercantil creada después del ERE no tiene pérdidas y, por tanto, no podía ejecutar un nuevo ERE. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que desde el Palau estarían considerando la posibilidad de justificar un ERE de extinción apelando a las pérdidas previsibles en las que incurrirá la empresa con la reincorporación a la plantilla de los 1.000 afectados por el primer ERE. Se trata de una fórmula prevista en el Estatuto de los Trabajadores que recoge como causa justificada "la existencia de pérdidas actuales o previstas". Esta vía permitiría a la nueva dirección general de RTVV abrir un proceso de negociación con los trabajadores para determinar las indemnizaciones, donde el mínimo establecido por la ley tras la reforma laboral son 20 días por año trabajado y el máximo, 45. Ésta, sin embargo, es una vía que podría provocar un nuevo dolor de cabeza al Consell. Como apuntaba el propio Císcar el viernes, forzar pérdidas en la nueva mercantil podría ser "constitutivo de delito". Los servicios jurídicos siguen haciendo sus cálculos.