Ante la determinación del Consell de ejecutar un apagón de RTVV que considera «innegociable», la oposición trabaja en las últimas horas en una batería de iniciativas para paralizar el cierre de la televisión y la radio públicas a través de los tribunales. Y es que los partidos entienden que, en el laberinto legal en que que se ha convertido el proceso de cierre de RTVV, el Consell ha cometido «irregularidades en las que hay delito».

El líder del PSPV, Ximo Puig, ha logrado este fin de semana el apoyo de la dirección del PSOE contra el apagón. Los socialistas, con la firma de 50 diputados del Congreso, presentarán en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado de urgencia el pasado jueves por el Consell para modificar la ley de RTVV y poder nombrar nuevo director general y consejeros sin pasar por las Corts.

Puig trasladó la idea el viernes por la noche al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, que en la mañana del sábado le dieron el vist i plau para poner en marcha el recurso. En estos momentos, los socialistas trabajan a la carrera en un documento con el apoyo de especialistas, entre ellos el exministro de Justicia Francisco Caamaño, que obtuvo la cátedra de Derecho Constitucional en la Universitat de València (UV). Puig aspira a conseguir que el Tribunal Constitucional (TC) tome medidas cautelares que frene el proceso de liquidación.

El líder del PSPV, con todo, indicó que en los próximos días estudiarán también otro recurso contra la ley que el PP llevará a las Corts el día 27 de noviembre para la «supresión» de las emisiones. Según los socialistas, todas las actuaciones del Consell y el PP de las últimas 72 horas «atentan contra los derechos fundamentales».

«Vamos a recurrir cada paso del proceso. Cada trámite que hagan tendrá su recurso», señaló el dirigente socialista. Así, añadió que incluso discutirán el propio procedimiento escogido por el PP para aprobar el cierre el próximo día 27, la lectura única, «privando a las Corts de un debate».

En el ámbito parlamentario, los socialistas también pedirán mañana una comisión de investigación para que acuda a declarar tanto la exdirectora general Rosa Vidal como, si quieren, los periodistas que han denunciado «injerencias políticas, amenazas y coacciones» en el ejercicio de su trabajo estos 20 años, apuntó el diputado del PSPV, Josep Moreno. También en las Corts, EU anunció que en la Junta de Portavoces se opondrá al procedimiento de «lectura única», un «proceso tramposo» que se salta al CJC y evita que las Corts debatan, señala Marga Sanz.

Al margen de esto, Compromís también ha recurrido a los tribunales en las últimas horas con dos medidas. Por un lado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia contra el nombramiento de los nuevos consejeros de RTVV elegidos el jueves de urgencia por el Consell. La coalición entiende que no existe la urgencia que se esgrimía en el decreto a partir del cual se modificó la ley. Una medida que ha facultado al Consell para nombrar consejeros saltándose el trámite de las Corts. Compromís pide medidas «cautelerísimas» que paralicen los nombramientos.

Con todo, la iniciativa de mayor alcance la puso en marcha el grupo parlamentario Compromís el viernes por la noche en el juzgado de guardia. Los seis diputados de Compromís han denunciado por vía penal al Consell por entender que hay «prevaricación» en la maniobra realizada por el gobierno del PP para recuperar el control de RTVV. La denuncia va dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, al ser aforados los consellers.

Compromís entiende que el nombramiento de los nuevos consejeros de RTVV es irregular, ya que se produce por un órgano «manifiestamente incompetente para ello», habida cuenta de que el Consell lo hace sin que se haya producido el traspaso de poderes de la Junta General, formada por el propio consejo de liquidación del ente, tal como reconoció el vicepresidente Císcar en rueda de prensa.

«El Consell se ha arrogado un poder que no tiene y esto está tipificado en el Código Penal en los artículos 404, 405 y 406 con penas de inhabilitación y de prisión. [...] Las prisas son malas consejeras y en este caso no han podido soportar el ansia que les ha producido ver unos informativos que por primera vez en 20 años les criticaban», valora la portavoz adjunta Mònica Oltra. «El Gobierno ha entrado en una espiral de improvisación y prisa que le ha llevado a cometer irregularidades tales que han sobrepasado el fraude de ley», concluye.