El presidente Alberto Fabra y el vicepresidente José Císcar han ofrecido distintas cifras sobre el coste de ejecutar la sentencia que anula el ERE de RTVV y el dinero que sería necesarios para mantener en pie la televisión pública. La liquidación, opción por la que se ha decantado el Consell, acarrea un gasto (en torno a los 70 millones) por el pago de indemnizaciones a toda la plantilla. Pero más allá de ese desembolso y del obvio coste social de la decisión, la televisión pública sufrirá otras pérdidas por la extinción de su actividad. De entrada se ve abocada a perder 16 millones de euros por la compra de derechos de emisión de series y películas que debían formar parte de la rejilla de la cadena pública valenciana hasta el año 2019. Estas producciones han sido adquiridas a través de la federación que agrupa a las televisiones autonómicas, la Forta, y en la que RTVV participa con un 12,5%, correspondiente al peso demográfico de la Comunitat Valenciana en el territorio Forta.
Canal 9 ha acudido tradicionalmente a los mercados internacionales del audiovisual de la mano de esta agrupación de cadenas públicas que actúa como central de compras para poder adquirir a mejores precios y acceder a productos que de otro modo serían prohibitivos. El contrato de Forta con las grandes distribuidoras (Sony Columbia, Universal, Warner o Paramount Pictures) se firma de forma solidaria por todas las televisiones y cada una asume la parte alícuota a cambio de los derechos de emisión en su territorio. En el caso de Canal 9, los compromisos adquiridos en la compra de licencias dan derecho a cuatro pases de las películas hasta 2019.
Ningún crédito ante los bancos
Una parte de esos 16 millones ha sido ya efectivamente abonada, según fuentes de la televisión pública, mientras que en algunos de los paquetes audiovisuales TVV no ha formalizado el pago, pero sí el llamado crédito documentario, una modalidad de aval bancario para operar en los mercados internacionales. RTVV solamente podría tener dos salidas para librarse en parte de las obligaciones contraídas o ejecutadas. Una opción pasaría por que las mayoristas distribuidoras se apiadaran de Canal 9 y perdonaran pagos, posibilidad que según expertos consultados se antoja casi imposible. Una segunda salida para que los contratos firmados resultaran menos gravosos para RTVV consistiría en que los socios de la Forta asumieran en parte la carga de Canal 9. Sería en todo caso una decisión política que en televisión valenciana no acaban de vislumbrar. Máxime, tras el malestar generado en el resto de autonómicas que tuvieron que avalar a Radiotelevisió Valenciana en algunos de los últimos contratos dado que la televisión valenciana no encontró a ningún banco dispuesto a trabajar con ella.
No será ese el único dinero echado a la basura. La cadena pública deberá asumir el pago de los 22 años de alquiler pendientes de la sede de Alicante cuyo contrato de arrendamiento no vence hasta el año 2035 y a razón de 276.000 euros anuales. El acuerdo se firmó en 2002 y recoge la posibilidad de una renovación para 20 años más, según fuentes de RTVV.
La Generalitat asumió en su día el coste de las obras del edificio por un total de 4,5 millones entre la ejecución del proyecto principal y posteriores reformas. La está ubicada en un solar propiedad de la inmobiliaria Mizquitillas S. L., que cobra las rentas de alquiler. La Sindicatura de Comptes ha denunciado en diversos informes el gasto de 18.000 euros al mes por el alquiler de un edificio pagado por el Consell y ubicado en solar privado.
El cierre de RTVV deja en el aire la posibilidad de ingresar otros 10 millones correspondientes a la ejecución de la sentencia judicial que daba la razón a Televisió Valenciana en su litigio con Mediapro por los derechos de emisión del Valencia CF y del Villarreal CF. El recurso de Mediapro contra el fallo todavía no se ha resuelto.
