Consigan o no su objetivo, los intermediarios aspiran a que el precio de venta sea mayor que el de compra o a quedarse una comisión de correduría. Pero todas las reglas tienen sus excepciones. RTVV es una de ellas. En la compraventa de los derechos del fútbol, transfirió a los distribuidores de contenidos la explotación de la imagen del Valencia CF, del Levante UD y del Villarreal CF a un precio inferior en 235 millones de euros a la cantidad que había abonado a los clubes. Fue una forma de financiar a estas entidades. No es el único caso. La televisión pública adquirió por 532.500 euros los derechos de emisión de tres reportajes políticos, dos de los cuales no llegaron a emitirse Los compró a Triskel Audiovisual el 26 de julio de 2011 y seis meses después, el 29 de diciembre de 2011, revendió los derechos a la misma productora por 276.000 euros, en ambos casos IVA aparte.

Los socialistas acudieron ayer al juzgado de guardia de Paterna, partido judicial en el que se incluye RTVV, para presentar una solicitud de que se investigue esta operación y los presuntos beneficiarios. El diputado Josep Moreno y la presidenta del grupo socialista, Ana Barceló, firman la denuncia por prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y tráfico de influencias contra el exdirector general de RTVV José López Jaraba, el exdirector de antena, Fernando Lázaro Quintela, y aquellos directivos de cuya actuación se desprendan «indicios de criminalidad» por esa operación.

En el escrito de 11 páginas se implica directamente al vicepresidente del Consell, José Císcar, y se pide que acuda a declarar como testigo por ser «pleno conocedor de toda esta irregular operación de compraventa, cesiones y recompras», según Moreno y Barceló. «Su testimonio, cuanto menos, es esencial para la investigación de los hechos denunciados», señalan en la denuncia. El canal autonómico pagó los reportajes a razón de 177.500 euros más IVA cada uno, unas «cien veces por encima del valor de mercado», que se situaría, apuntan en la denuncia, en 1.000 o 1.500 euros. El Síndic de Comptes denunció que el contrato se firmó sin los debidos informes. «Se saltaron el procedimiento administrativo con el único fin de beneficiar los intereses económicos de su compañero [de López Jaraba] el señor Quintela», advierte la denuncia.

La adquisición de los derechos a Triskel se produjo un mes antes de que Jaraba nombrara a Lázaro Quintela alto directivo de RTVV. Triskel era una productora, según los denunciantes, «extraordinariamente relacionada con Quintela, una firma pantalla» del exdirector de antena. De hecho, compartía domicilio social con la empresa 25 Frames Audiovisual, propiedad de este exdirectivo. El administrador de la productora beneficiaria del suculento contrato de Canal 9 era Mario López Sanclemente, quien había trabajado para el exdirector de antena de TVV en la citada 25 Frames y en El nacimiento producciones, de la que Quintela fue administrador hasta el 30 de septiembre de 2011.

Además de Císcar, se piden las testificales de los dos denunciados, así como las de López Sanclemente y Luis Valero, socios de Triskel. De los tres reportajes sólo llegó a emitirse uno: «Garzón, el jutge estrela al descobert». Apenas logró un 3,3% de share. La compraventa «inútil, improductiva e inservible no tenia otro norte que beneficiar al señor Quintela», abundan los denunciantes.

En vista del escándalo, la propia Triskel recompró los mismos derechos a RTVV por 276.000 euros más IVA. Fue una operación para «encubrir y disimular el desmesurado precio inicial», según los socialistas. La productora firmó luego varios contratos de cesión de derechos para «maquillar y vestir» la operación. Se cedieron derechos a las televisiones autonómicas de Castilla y León o Canarias, entre otras, o a Intereconomía TV, empresa de la que procedía Quintela antes de aterrizar en Canal 9.