Lejos de asumir alguna responsabilidad, el presidente Alberto Fabra culpó ayer en las Corts sin ambages a la oposición del cierre de Canal 9, tras 18 años de gestión del PP que han dejado en la cadena un agujero de 1.200 millones, un rosario de escándalos y una plantilla que los ejecutivos populares engordaron sin medida. Y ello por no haber apoyado un ERE con el que su Consell intentó reducir un millar de empleados pero que el TSJ ha declarado ilegal. Pida «perdón», lo emplazó el socialista Antonio Torres, mientras Marga Sanz, de EU, lo instó a asumir responsabilidades. Pero Fabra le contestó: «Ustedes [la oposición], ¡claro que tienen que hacer examen de conciencia! Son tan responsables por haber a alentado [a los sindicatos] a mantener una televisión inasumible». De las responsabilidades políticas en el PP, nada. Lo dejó claro el vicepresidente, José Císcar: «Las responsabilidades se tienen que depurar en los tribunales, donde hay asuntos que tienen que ver con RTVV».

En una sesión de control monográfica dedicada a TVV, Fabra se ciñó al guión: El ERE era la única salida y, una vez anulado, no cabe más que bajar la persiana. La oposición, añadió, se ha dedicado a «denigrar» RTVV hasta «decretar su muerte». Por contra, ésta volvió a apremiarlo a negociar una televisión con los 74 millones ya presupuestado para 2014. Sin embargo, el jefe del Consell insistió en que el tiempo de la negociación ya pasó y que se hizo una oferta que salvaba 200 empleos a cambio de bajarse el sueldo que los sindicatos rechazaron. Tanto Torres como Sanz replicaron que el fallo subraya la «falta de negociación» de RTVV. «¿Nos toman por imbéciles? ¿Creen que no hemos asistidos a una sesión continuada de despilfarro y saqueo?», le preguntó Sanz, para quien las decisiones del presidente «rayan la prevaricación propia de la delincuencia política». «Las sentencias no se negocian», se cerró Fabra.

«RTVV no es del PP, es de los valencianos», dijo Torres, para quien Fabra es «un peligro para el autogobierno». Enric Morera, de Compromís, le reprochó que no haya medido la «hecatombe» económica y para el sector audiovisual que supondrá el cierre, con la pérdida de 4.600 empleos. «Sé el dolor de muchas personas que van a perder su puesto de trabajo pero el estado de bienestar de los valencianos está por encima de todo», aseveró Fabra.

«¿Por qué no se reúnen con el comité de empresa?», lo emplazó Ignacio Blanco, de EU. Císcar se vio obligado entonces a apuntar que «este Gobierno se reúne con todo el mundo». Y la presidenta del comité, Salut Alcover, le tomó la palabra, asegurando que tienen «un plan viable» para RTVV. Lo hizo tras seguir la sesión por circuito cerrado. Un día más, el palco lleno de altos cargos sirvió para desplazar del hemiciclo a los trabajadores de Canal 9. El envite surtió efecto. Císcar recibirá la semana que viene al comité aunque sólo para escucharlo y sin que ello suponga una rectificación ni el inicio de ninguna negociación.

La oposición presentó una propuesta conjunta de candidatos a RTVV de perfil profesional (con Javier Andrés, Josep-Lluís Gómez Mompart, Teresa Cebrián, Ramon Cánovas y Amàlia Garrigós) para contraponerla a la lista de «liquidadores» del PP, todos varones, vulnerando la ley de Igualdad.