El pleno del Consell emitió ayer el criterio favorable a la proposición de ley por la que se suprime la prestación de servicios públicos de RTVV, una medida que, según el Consell, persigue «la protección del interés general de todos los valencianos», así como garantizar el mantenimiento de los servicios básicos. El acuerdo, remitido a las Corts, alude a que tras la sentencia que declara nulo el ERE « la continuidad de la empresa es inviable», ya que el Consell «no puede asumir los gastos» y está obligado «en unos momentos de escasez de recursos y de cumplimiento de los objetivos de estabilidad a priorizar los servicios básicos».

El vicepresidente del Consell, José Císcar, quien en su comparecencia ante la prensa dejó claro de nuevo que el apagón de Nou es innegociable, informó que la posición cuenta con sendos informes favorables de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención. A petición de los periodistas, Presidencia facilitó ambos documentos que avalan el cierre sin entrar en mayores disertaciones jurídicas. El texto firmado por el letrado de la Generalitat apunta al articulo 56 del Estatuto de Autonomía en el que se recoge la potestad de la Generalitat para crear, regular y mantener la televisión y establece «no exige de ninguna mayoría cualificada para aprobar la ley que regula la radiotelevisión» y «en consecuencia no es exigible ninguna mayoría cualificada para su derogación». Tan sólo añade al texto legal algunas matizaciones de tipo semántico. Mas sucinto es el informe de la Intervención General. Se trata de un escrito meramente descriptivo donde se concluye está acreditado las razones de interés público. Dicho esto se emite el informe favorable «al reunir los requisitos exigidos reglamentariamente». No hay mención alguna al coste económico de la liquidación ni a ninguna memoria económica.

En rueda de prensa, Císcar reiteró las cifras sobre el coste de las indemnizaciones, pero no precisó otros gastos que llevará aparejado el cierre que, con todo, estimó bajos. La rueda de prensa se centró en Nou, aunque Císcar se parapetó en argumentos ya ofrecidos huyendo también de toda autocrítica.

Aclaró que acepta reunirse con el comité de empresa para escucharles, pero insistió en que no hay margen para negociar, si bien facilitará que la cita se celebre antes del 27, día en las Corts votará la ley. Císcar descartó un nuevo ERE porque generaría muchísima incertidumbre jurídica y nada nos garantiza que no vuelva a ser impugnado. «No vamos a correr el riesgo», sostuvo. No facilitó la fecha concreta del fin de las emisiones porque, dijo, lo consultará con los letrados.