El matrimonio de Carlos Fabra y María Amparo Fernández declaró entre 1999 y 2004 una renta de 586.287 euros pero ingresó en dichos años pagos valorados por 8,2 millones de euros. La sentencia de la Audiencia Provincial señala que 3,2 millones de euros no estaban justificados y reseña la existencia de un importante desajuste entre los ingresos y el patrimonio oficial de la pareja. Pone al descubierto la falta de acreditación de estos fondos, pero no aclara el origen de este enriquecimiento, una procedencia que el inspector de Hacienda, Conrado Miguel Caviró, vinculó en el juicio a un posible caso de blanqueo de dinero negro.

El tribunal ha condenado a Fabra a cuatro años de cárcel por fraude fiscal y lo ha absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por falta de pruebas, pero tras la decisión judicial se mantiene un halo de incertidumbre sobre la procedencia de los millonarios ingresos no justificados expuestos por la propia sentencia. «Es evidente que, aún considerando los premios de lotería y la venta de inmuebles, el desfase sigue siendo tremendo entre las disponibilidades y los ingresos efectivos realizados», indican los magistrados en el fallo, que añaden que «no hay forma de explicar la financiación que suponen los ingresos en efectivo con las fuentes de renta conocida».

Según el informe de Hacienda, el matrimonio realizó ingresos bancarios de 1999 a 2004 cuyo montante global ascendió a los 8,2 millones, mientras la renta declarada se limitó a los citados 586.287 euros. La defensa de Carlos Fabra hizo hincapié en el juicio en la capacidad económica del matrimonio para «obtener préstamos», añadió que también había que tener en cuenta las herencias y la venta de inmuebles, además de las nóminas, y justificó que el expolítico popular sacaba dinero en efectivo de unas cuentas y lo ingresaba en otras para amortizar créditos. Los peritos de Hacienda no dieron valor a estos argumentos y sostuvieron que los ingresos de Fabra no «se justificaban» con la lotería ni la venta de inmuebles. «¿Cómo se puede multiplicar por 12 la renta disponible?», resaltó Caviró, quien subrayó que la forma de operar de Fabra era «de manual de blanqueo de dinero». La Audiencia reconoce el desfase detectado por Hacienda, pero no entra a enjuiciar el incierto origen de este enriquecimiento.

Fabra reconoció en el juicio que dispuso de una consultora con la que asesoró a Vicente Vilar en varios trabajos, pero la desligó de supuestas mediaciones ante los ministerios. La Audiencia lo ha exculpado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Para ello, ha pesado el cambio de versión de Vilar, que negó en el juicio el pago de comisiones a Fabra a cambio de que intercediera ante el Gobierno a favor de sus productos fitosanitarios, tal como denunció en 2003. Admitió unos pagos pero entre sus mujeres y desvinculándolos de sus productos. Las exmujeres de Fabra y Vilar adquirieron otra empresa de fitosanitarios en 1999 para dar una salida laboral al hijo del expresidente, según dijeron en la vista.