Los ayuntamientos valencianos mantienen artificialmente un déficit anual de casi 100 millones de euros en la gestión de las basuras, según un informe realizado por el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Martín Sevilla.

Este déficit se incrementa año tras año impidiendo el desarrollo de políticas de minimización y reciclaje en origen y el cumplimiento del principio de quien contamina paga, según aseguró ayer el portavoz de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la Cortes Valencianas Francesc Signes.

El PSPV ha presentado enmiendas a la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat que el Partido Popular ha aprovechado para introducir modificaciones a la ley 10/2000 de Residuos de la Generalitat Valenciana. Las enmiendas están destinadas a "clarificar" y dar "transparencia" el coste de la gestión de los residuos, según declaró el portavoz.

Francesc Signes manifestó que el PP justifica los cambios en una adaptación del texto autonómico a la ley estatal de Residuos "pero no hay nada en las propuestas del PP que indique se va a tener en cuenta la norma marco y en algún caso lo que se hace es incumplirla claramente", indicó.

El PSPV pretende que en la determinación de los costes de gestión se incluya el "coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos".

Los socialistas reclaman la activación del Fondo Ambiental de Gestión de Residuos incluido en la ley de 2000 para financiar las inversiones por obras y servicios que sean servicio público de la Generalidad o de la administración local. Este fondo, entendido también como una compensación a los municipios que albergan instalaciones de residuos no ha sido desarrollado, recordó Signes.

Según el portavoz socialista, es preciso dotar de "transparencia" el actual sistema de gestión, que calificó de "opaco" y por ello pide que se permita el libre y "real" acceso a la información, así como participación de los ciudadanos en la elaboración de los planes y programas en materia de residuos. Además, el PSPV emplaza a la Generalitat a que presente antes del 12 de diciembre de 2013-así lo recoge la ley estatal- su programa de prevención de residuos, algo que "obviamente", añadió, no piensan cumplir en el plazo que marca la ley.

Los socialistas exigen también la sustitución de las bolsas de un solo uso y el incremento de los controles sobre el transporte de residuos. Según el PSPV, una Comisión de Coordinación en materia de residuos debería autorizar los transportes entre distintas zonas de tratamiento, que nunca deberían contradecir el Plan Integral de Residuos. Según Signes, la facilidad con la que se mueven las basuras de un lado a otro sin control de los interesados ha propiciado el "caos" en la gestión de los residuos.

Los socialistas quieren ampliar esta facultad de control facilitando el "restablecimiento de la legalidad ambiental incluso con el cierre de establecimientos o la paralización de actividades que no cuenten con autorización o registro.