Siete ONG se han desmarcado de la Coordinadora Valenciana de ONG (CVONGD), de la que la mayoría forman parte, y han iniciado una campaña paralela para ser «más contundentes» en el caso Blasco, donde se investiga el saqueo de los fondos públicos de Cooperación al desarrollo. Cabe recordar que la Coordinadora está personada en la causa como acusación particular, aunque estas entidades, según afirman, piden más diligencia y dureza en los planteamientos. Ayer anunciaron una campaña de información a la ciudadanía y no descartaron movilizaciones con motivo del proceso en el que se juzgará al ex conseller de Solidaridad Rafael Blasco y que empieza el próximo siete de enero en el Tribunal Superior de Justicia.
Las ONG que han dado este paso son Atelier, Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps), Entre Pobles, Familias sin Fronteras por la Infancia, Perifèries, Sisma Mujer e Ingeniería sin Fronteras. Estas organizaciones convocaron ayer una rueda de prensa en la que explicaron sus tres postulados fundamentales: «Colaborar en la acción de la justicia, realizar una campaña informativa sobre la importancia del trabajo de cooperación internacional y la elaboración de nuevas propuestas para lograr una política pública de cooperación internacional justa, solidaria, eficaz y transparente».
Antonio Penadés, presidente de Familias sin Fronteras por la Infancia y que también es acusación particular en el caso Blasco, criticó «la tibieza monumental con que la sociedad ha reaccionado ante los casos de corrupción». Penadés añadió que esta malversación de los caudales públicos «es el gran impedimento para la recuperación económica».
Para el cooperante, el caso Blasco no es especial porque «toda la administración está cubierta por la corrupción» y lamentó que sean los tribunales los que tengan que acabar solucionado ese problema porque la sociedad no responde con la contundencia que debería.
Consuelo Vidal, de Atelier, afirmó que la intención de este grupo es ser «dinamizadores» de la sociedad porque la respuesta en el caso Blasco «ha sido insuficiente». El problema de fondo lo evidenció Fabiola Meco, del Ceps, quien explicó que el hecho de constituirse en paralelo a la Coordinadora de la que forman parte les permitirá ser menos organizaciones para tener unas respuestas «más rápidas y menos tibias». En estos momentos más de cien organizaciones forman parte de la Coordinadora y, tanto los comunicados como las actuaciones judiciales, se intentan consensuar con la mayoría de miembros.
La Coordinadora ha lanzado numerosos comunicados sobre el caso Blasco y ha intentado hacer pedagogía sobre su impacto en la Cooperación. La entidad se personó como acusación particular pero la falta de participación en los interrogatorios les dejó fuera de una parte del proceso, la que investiga las ayudas de la Fundación Cyes. Los mismo le pasó al PSPV. En la otra pieza separada de la causa, la trama de ONG, ya trabajan en su esclarecimiento.
