En el 68 sucedió un acontecimiento histórico que marcó la carrera política de Eduardo Zaplana. No fue el mayo francés. Julio Iglesias ganó el festival de Benidorm con «La vida sigue igual». La letra de aquella canción se convirtió en himno para quien acabó siendo presidente de la Generalitat. «Al final, las obras quedan las gentes se van». Efectivamente, Zaplana quiso inmortalizarse con grandes proyectos de hormigón. El segundo eje de su acción política, asumido por Olivas y Camps, fue la búsqueda de fotografías que le dieran proyección.
De entre todas hay una que retrata como pocas una época de impunidad en los desmanes con dinero público: la contratación de Julio Iglesias, a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), hoy liquidado, para promocionar presuntamente la C. Valenciana en el exterior. El caso IVEX-Julio Iglesias es el resultado de una década larga de revelaciones periodísticas de Levante-EMV que acabaron en el juzgado. Más de 250 informaciones relevantes sobre los pagos de la Generalitat a Julio Iglesias en A, en B, bajo mano, con facturas falsas y por conceptos camuflados.
Aquella foto se enmarcó en la campaña de promoción de un político con aspiraciones de volar alto que quiso adosarse a una estrella. De paso, pagó con dinero público el apoyo del artista a Aznar en la campaña de las generales de 1996 „la del macromitin del PP en Mestalla„ y contentó a la selecta cúpula de dirigentes empresariales que lo acompañaban en misiones comerciales. A comer paella a Moscú.
En teoría, el artista cobró 375 millones de pesetas (2,25 millones de euros) por prestar su imagen, pero, de hecho, se llevó 990 (casi 6 millones de euros) libres de impuestos. Cuánto costó en total aquella operación, con todos los gastos de montajes de los conciertos y presuntas comisiones de quienes intervinieron, lo saben sólo unos pocos. Las Corts, la Sindicatura de Comptes y la opinión pública se enteraron por este diario del cómo (con presuntas facturas falsas por supuesta organización de los conciertos), del cuándo (en los años 1998 y 1999), dónde (en paraísos fiscales como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o las Islas del Canal ) y del por qué de los pagos. El quién o quiénes, cantante aparte, se llevaron el dinero es la única incógnita por despejar. En estas páginas se ha aportado abundante documentación contable de las turbias operaciones: cheques, pagarés, swift bancarios, decenas de facturas y hasta la referencia de una cuenta numerada y secreta de UBS en Nassau en la que confluían ingresos desde Valencia, México, la Florida o Irlanda. La cuenta fue publicada en la portada del diario el 17 de mayo de 2001. Y no sucedió nada. La euforia siguió su curso.
El plan estaba descrito al detalle
Si el IVEX fuera un banco podría decirse que el plan de atraco estaba escrito negro sobre blanco. Desde el principio quisieron pagarle al artista los 990 millones de pesetas libres de impuestos. Como la cantidad resultaba escandalosa, se recurrió al fraccionamiento en dos contratos. En uno, se fijaron los 375 millones de pesetas. El segundo, que se escondió, elevó la cantidad hasta la cifra citada. Al documento clandestino y escondido lo llamaron «Carta de intenciones». Se ofreció al artista la posibilidad de que empresas por él designadas montaran los recitales y así es como se abrió el cauce para canalizar los pagos bajo mano disfrazados de gastos de organización. La Audiencia Provincial avaló las denuncias de este diario sobre la ejecución del plan. Aquí se destaparon el borrador, el precontrato y el contrato B que ampliaba la remuneración. Casi todas las piezas del puzzle están sobre la mesa.
El contrato se firmó el 29 de diciembre de 1997. El contrato B, justo después y en la misma notaría. El 14 de diciembre de 2000 Levante-EMV publicó: «Una carta revela que Eduardo Zaplana negoció el contrato de Julio Iglesias y avaló que cobrara 1.000 millones al año». La misiva fue remitida el 25 de julio de 1997 por el representante del artista, Luis Fernando Esteban, a Zaplana, con un borrador del acuerdo en el que ya se establece la cantidad de casi 6 millones libres de impuestos. El manager del cantante emplazaba a Zaplana a «tratar de cerrar» el acuerdo que se concretaba con el director general del IVF, José Manuel Uncio, y el responsable del IVEX, José María Tabares. Zaplana calló. El conseller Fernando Castelló no desaprovechó la ocasión de quedar en evidencia: «Es totalmente falso que se alcanzase un preacuerdo», dijo.
El preacuerdo se hizo acuerdo. El diario pudo demostrar, seis años después, que la cantidad real pactada y pagada fue esa y no la que se vendió a la opinión pública. Las pruebas del escándalo firmado por Tabares, director general, y julio Iglesias se publicaron el 26 de febrero de 2004. Zaplana se había jactado en las Corts de que «nunca en la vida se podrá acreditar absolutamente nada». Otra que también aireó sus vergüenzas fue la consellera portavoz Alicia de Miguel que en un comunicado arremetió contra los periodistas de este diario: «Mienten más que escriben», dijo. Cada comunicado del Consell se convirtió con el tiempo en un exabrupto con sello oficial de la Generalitat.
El 31 de marzo de 2000, se publicó la primera noticia sobre la existencia de pagos a través de firmas en paraísos fiscales. Apareció el nombre de International Concerts, radicada en Islas Vírgenes Británicas. Un año después, afloró una segunda sociedad «off shore» que canalizó pagos: «El IVEX pagó por un recital de J. Iglesias 75 millones a una firma ielandesa disuelta después» (29 de abril de 2001). Midway International, radicada en Irlanda y sus administradores tenían domicilio en las Islas del Canal. Esa firma «operó desde Valencia y transfirió 475.000 dólares del IVEX a Bahamas». Se aportó hasta (17 de mayo de 2001) hasta copia de la transferencia bancaria efectuada desde el Arab Bank de la calle Colón. ¿Quién está detrás de la cuenta WA35615.000 del UBS en Nassau (Bahamas)? El Consell jamás contestó a esa ni a ninguna pregunta.
Una querella ante el Supremo
Con las informaciones destapadas por este diario, el PSPV interpuso en enero de 2005 una querella por malversación, delito fiscal y falsedad documental en la firma y ejecución del contrato B. El caso acabó en el juzgado19 de Valencia. Cinco años y dos meses después, el juez Luis Carlos Presencia Rubio archivó la causa sin citar a declarar ni al principal de los que cobraron (Julio Iglesias) ni a las empresas: Midway International, Internacional Concerts o Gold Peak Trade Services, firma que salió a la palestra en noviembre de 2005 por haber facturado el recital de Hong Kong. Tampoco citó al exconseller Diego Such o al exdirector del IVF José M. Uncio.
Por ese carpetazo a la investigación el juez se ganó otro rapapolvo de la Audiencia de Valencia, que levantó el archivo con un auto demoledor que apuntaba indicios de que el dinero del contrato B se justificó con millonarias facturas falsas de gastos de organización aquí desveladas. Los justificantes de los pagos por conciertos como el de Orlando o México «parece ser que no encuentran respaldo en servicios realmente prestados, sino que han surgido con la finalidad de dar cobertura a los pagos a los que el IVEX se obligó en la Carta de Intenciones», sentenciaba la Audiencia.
13 de diciembre de 2005. El exdelegado del IVEX en Miami José Marquina corroboró en una entrevista en estas páginas todo lo publicado. «El IVEX ordenaba emitir facturas falsas y el dinero que abonaba se transfería a Bahamas», confesó Marquina, quien explicó como inventaban gastos y el dinero se derivaba a Nassau. El 30 de enero de 2006, Levante-EMV abría su edición con la noticia de que el epicentro del supuesto desfalco estaba en México. Porque, al contrario que en el recital de Orlando, en el del Auditorio Nacional no se hincharon facturas, sino que se falsificaron desde el primer euro. El IVEX pagó a la irlandesa Midyway 1,8 millones por un concierto en el que esta empresa no intervino. El montaje lo asumió la mexicana Rac Producciones. A cambio, el IVEX cedió los derechos del artista para que explotara comercialmente el recital.El instituto exportador recibó 300 entradas de regalo para compromisos con empresarios. No necesitaba más. El acuerdo lo negoció el delegado en México, Vicente Sendra, quien estaba convencido de que al IVEX ese evento no le había costado un euro. Hasta que se enteró por este periódico de los pagos a Midway. «No sé quién, ni qué es Midway, porque no tenía nada que ver con el recital de México», declaró a este periódico. Sendra, representates de Rac y del Auditorio Nacional avalaron su denuncia cuando declararon ante el juez y con documentación aportada al fiscal y aquí publicada. Doce años después de las primeras revelaciones periodísticas, el juez intentó en balde tomar declaración al cantante en Miami. Luego envió otra comisión rogatoria a Punta Cana (República Dominicana), donde el artista tiene fijada residencia. Julio Iglesias se casó y fijó domicilio en Ojén. Se consideró intrascendente, igual que haber actuado seis veces en España en el tiempo en el que se le quería localizar. Presencia Rubio lo consideraba en paradero desconocido cuando el 7 de julio de 2012 actuó en el Palau de les Arts, justo enfrente de la Ciudad de la Justicia. Visto el escándalo público que se montó cuando este diario avisó de tan rocambolesca circunstancia, el juez citó finalmente al cantante a declarar el de 10 de julio a las diez.
Al artista se le abría un interrogatorio más incómodo que declarar en Punta Cana. Sería ante un juez instructor, un fiscal y una acusación popular que podrían repreguntar. Pero a última hora se suspendió esa testifical al conocerse, justo cuando se sintió acorralado, que había declarado en Punta Cana. El 8 de octubre de 2012 Levante-EMV publicó un titular que acreditaba la existencia del contrato B: «Julio Iglesias admite ante el juez que cobró 4 millones más de lo que declaró Zaplana». La responsabilidad penal de estos pagos y de los extras que pudieron repartirse en comisiones sigue sin dirimirse en una causa que lleva ocho años hibernando.
CASO NÓOS
Una alfombra para los negocios millonarios del «yernísimo»
¿Por qué en Valencia? En unas circunstancias ambientales de euforia colectiva por hiperoxigenación de la burbuja inmobiliaria, en Valencia nadie preguntaba el precio. Y menos al yerno del Rey. «Asentían verbalmente a lo que se les ofrecía porque era yerno del Rey», razona el juez José Castro, instructor de la causa. El presidente Camps y la alcaldesa Rita Barberá decidieron la foto con Urdangarin cuando la organización de la Copa del América ya había sido amarrada en el Puerto.
El Valencia Summit, el foro sobre impacto de eventos deportivos en las ciudades anfitrionas, estaba pensado para Estados Unidos. Pero Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, pensaron que no era necesario cruzar el charco si podían cobrar 4,2 millones por algo que, según la investigación judicial, costaba 900.000 euros. La competición náutica ofrecía la percha en la que Urdangarin colgaría negocio.
Las jornadas Summit fueron la excusa para la segunda foto más cara pagada con dinero público. Camps y Barberá lograban proyección política y ante la Casa Real y Urdangarin seguía logrando rédito de una tarjeta de visita que le daba la liquidez de una VISA oro. La oposición exigió transparencia. «El PSPV exige al Consell que aclare las cuentas del foro que organizó la entidad de Urdangarin» (18 de febrero de 2006).
En abril de 2006 se contó que «Urdangarin deja el Instituo Nóos tras la polémica por facturar a Baleares y al Consell». La apertura del periódico el 17 de agosto de 2006 se dedicaba al acuerdo del Gobierno de Camps de promocionar otro evento fallido: los Juegos Europeos, que elevaron a 4,5 millones el volumen de facturación pública de Nóos en Valencia. Este vez, directamente, y no vía Cacsa. «El Consell destina 3 millones a la candidatura de Valencia para unos juegos que aún no existen», fue el titular. Finalmente se hizo efectivo el pago de 382.203 euros. La rama valenciana del caso Nóos se incorporó a la causa del caso Palma Arena (la pieza searada 25) con posterioridad a la investigación del Fòrum Illes Balears, el mismo sarao montado en Palma. «La firma de Urdangarín cobró en Valencia el doble que en Mallorca, donde un juez investiga los pagos» (23 de noviembre de 2011) se publicó. El presunto saqueo a las arcas públicas estaba orquestado y ejecutado por los mismos. Además de Urdangarin y su socio, Diego Torres, los también imputados Miguel Tejeiro o «Pepote» Ballester, entre mucg
Complemento para gastos aparte
El convenio con Nóos se firmó a través de Ciudad de las Artes y la Fundación Turismo Valencia, controlada por el ayuntamiento capitalino. Los directores generales de Cacsa José Manuel Aguilar y Jorge Vela, el vicealcalde y presidente de Turismo Valencia, Alfonso Grau, y su gerente, Jose Salinas, rubricaron el acuerdo. Nóos cobró un canon anual de 1,04 millones. Pero una clausula establecia una «cantidad complementaria para determinados gastos». Una fórmula para que la organización corriera por cuenta del erario público. Otros 1,07 millones.
El juez Castro situó la reunión del 29 de enero de 2004 en Zarzuela como clave para el acuerdo. Un encuentro que fue negado por Barberá en su declaración judicial. «Actuaron con favoritismo, orillando las normas de contratación pública» y «hasta el sentido común». «No se atendió al interés general, sino al deseo de doblegarse a las exigencias de Urdangarin por su parentesco con la Casa Real». Palabras del juez, que atribuyó a Camps y Barberá malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración.
«Cacsa justificó con un folio vacío de contenido el contrato con Urdangarin», ( 4 de enero de 2012). Un folio por una cara con siete párrafos era el único aval de Cacsa para justificar el convenio, como se contó aquí. Un papel con fecha cambiada a bolígrafo para que donde ponía 2005 apareciera 2004. La exdirectiva Elsa Maldonado confesó en el juzgado que el informe se hizo «para vestir el santo». Luego se desdijo.
Es uno de los episodios más rocambolescos del caso, sin contar el capítulo de la no localización del expresidente Camps para que fuera a declarar como testigo el domingo 17 de noviembre, ante Castro, que se había desplazado a Valencia. El día anterior Rita Barberá testificó. Admitió tres reuniones con Urdangarin pero aseguró que ninguna fue en Zarzuela, se desvinculó de la responsabilidad política del contrato, exculpó a Camps y dijo haberse sentido engañada sobre la esencia de Nóos: «Yo me creí que era una entidad sin ánimo de lucro».
