Aunque es tiempo de postales navideñas que desean esperanza y prosperidad, cientos de discapacitados valencianos han empezado a recibir una carta menos agradable: la resolución de la Generalitat que informa del dinero que han de pagar, a partir del 1 de enero, por usar servicios de Bienestar Social como residencias, centros de día, talleres ocupacionales o pisos tutelados que hasta ahora utilizaban de forma gratuita. Es el llamado copago de los discapacitados. Y las cuantías del copago individual que figura en las cartas que han empezado a llegar a sus destinatarios van desde los 70 euros hasta los 700 euros al mes en 14 mensualidades, cada uno en función de su capacidad económica. «Eso es condenar a la pobreza absoluta a las personas con discapacidad y abocar al cierre a muchos centros», auguró ayer Mario Puerto, presidente de la Federación de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la Comunitat Valenciana (FEAPS CV).
La temida carta llegó anteayer a mediodía a casa de Luisa Barreira, valenciana de 42 años, con síndrome de Down y una discapacidad del 69 %. «Traigo carta certificada», anunciaba el cartero. La recogió Concha, de 61 años, hermana de Luisa. Concha es soltera y cuida de su hermana y de su madre, de 88 años. La carta era clara: a partir de Año Nuevo, Luisa tiene que pagar 160,32 euros multiplicado por 14 mensualidades por asistir al taller ocupacional al que va de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La pensión de orfandad de Luisa es de 360 euros. Si se echan cuentas, le quedan 2.000 euros para pasar todo el año. Ropa, comida, la piscina para mejorar la psicomotricidad, el copago farmacéutico que necesite? Todo. La madre tiene una pensión de 900 euros y Concha, en paro desde hace más de un lustro, sobrevive con 426 euros al mes. En esta casa cada euro cuenta.
Concha, que vio como su padre moría de alzhéimer antes de cobrar un euro por la dependencia que tenía reconocida, es directa: «¿Qué supondrá el copago? Pues que ahora no sé lo que comeremos. Porque hay que pagar luz, agua, teléfono, gastos de comunidad, calefacción? Bueno, a lo mejor nos daremos una paliza para calentarnos y no hacer gasto». El sentido del humor no se lo roban. Tampoco la combatividad: «Nos quieren quitar de en medio. Quieren que cojamos a los niños para ella su hermana siempre será «la xiqueta» y nos los llevemos a casa. Pero antes me sentaré en la conselleria y no nos moverán de allí», advierte mientras anuncia que recurrirá la resolución.
La misma carta ha llegado al domicilio de Miguel Ángel Forner. Una de sus dos hijas, de 27 años, sufre una discapacidad intelectual y su minusvalía supera el 65 %. Nuria acude cada día a un taller ocupacional en Sant Vicent del Raspeig. Hasta ahora iba gratis: era el recurso que le asignaba la Ley de Dependencia. Ahora, sin embargo, deberá pagar 70,02 euros al mes. Catorce veces al año. Su pensión ronda los 540 euros al mes. Su padre compara el poco uso público de la educación que ha hecho su hija nada de bachilleratos ni carreras universitarias con respecto a lo que deberá pagar. Él, antiguo empleado de banca, se ha prejubilado para poder cuidar a su hija. Anteayer recibió la carta. Y se llenó de indignación. «Es un despropósito absoluto. ¿Piensan solucionar todo el expolio de la Comunitat Valenciana aplicando un copago a los discapacitados? ¿Alguien se cree que cobrando de 70 a 700 euros a estas personas pueden resolver el desaguisado que hay aquí?», pregunta.
El lunes, reunión
De entrada, las entidades se reunirán el lunes para preparar los recursos contra las resoluciones. «La forma de calcular lo que cada uno debe pagar es dispar: a unos les cuenta la renta personal y a otros también la situación familiar. Los cálculos no están claros», afirma Mario Puerto, de FEAPS CV. Los recursos deben presentarse antes de 30 días. «Esto afecta a mucha gente joven que ahora se verá desasistida. Algunos no podrán pagar los servicios y se quedarán en casa. Los derechos sociales lamenta se están tumbando de la noche a la mañana».
